Para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), el proyecto de ley del cartismo se sustenta en una falacia con la intención de limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Advierten, además, que viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

A horas de tratarse en una sesión extraordinaria del Senado el proyecto de ley que establece el control, transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, las partes afectadas manifiestan su rechazo, especialmente por el trasfondo que consideran que hay en esta iniciativa cartista.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Dante Leguizamón, dijo en Radio Monumental 1080 AM que el proyecto es una falacia porque se sustenta en una supuesta laguna en el control y transparencia de las organizaciones.

En ese sentido, mencionó que las organizaciones están registradas en al menos siete instituciones, entre ellas Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

Leguizamón considera que el proyecto plantea un sobreregistro y que incorpora a las OSFL en el Presupuesto General de la Nación cuando trabaja con políticas públicas con el Estado, dejando a merced del Congreso su aprobación.

“Además, el proyecto de ley trae un sistema de sanciones confiscatorias, porque trae multas altísimas, y la posibilidad del cierre de las organizaciones de la sociedad civil a partir de términos vagos, amplios y no concretos, violando así el artículo 17 de la Constitución Nacional”, advirtió.

El documento exige la rendición de cuentas semestral al Congreso y al Ministerio de Economía y Finanzas, con los detalles de pago, contratos y cada beneficiario. Leguizamón se preguntó cuál es la capacidad estatal de revisar unos 10.000 informes y teme que se analicen de forma selectiva a aquellas organizaciones que están evidenciando la violación de derechos humanos, corrupción y malversación.

“Creemos que la intención es limitar, restringir el derecho a la participación y el derecho a la asociación, dos derechos constitucionales y que están en los tratados internacionales, además de violar el artículo 1 de la Constitución Nacional”, insistió.

Al respecto, comentó que de aprobarse y promulgarse este proyecto, las organizaciones pueden plantear una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.

Para Leguizamón, este proyecto no surge de la noche a la mañana, ya que en realidad hay una campaña de desprestigio hacia las organizaciones.

Más de 70 organizaciones expresaron el fin de semana su rechazo a la iniciativa, explicando cada uno de los puntos conflictivos.