Oficialismo apunta a fortalecer al Tribunal de Cuentas, donde está el hijo de Diesel. Entes podrán dejar de enviar sus informes a la Contraloría. El presidente se contradice en su plan anticorrupción.
En total silencio, el presidente Santiago Peña vetó el proyecto que eliminaba la facultad del Tribunal de Cuentas de recibir los informes de gastos de las instituciones debido a que un centenar evadía la fiscalización de la Contraloría.
La ley arreglaba esta situación y establecía que la Contraloría sea la única que pueda recibir la rendición de cuentas, ya que el Tribunal fue utilizado siempre como una forma de blanqueo para la misma Corte, la Fiscalía, la Justicia Electoral, gobernaciones y municipalidades.
El oficialismo busca puentear a la Contraloría y fortalecer al Tribunal de Cuentas. El proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 del Código de Organización Judicial y regula el Tribunal de Cuentas fue sancionado el pasado 6 de setiembre, pero Raúl Latorre, titular de Diputados, lo retuvo por tres meses. Recién informó al Ejecutivo el 4 de diciembre. Peña devolvió el proyecto al Congreso el 13 de diciembre.
Coincidentemente, César Emilio Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte, César Diesel, fue electo en el cargo de juez del Tribunal de Cuentas, pese a su bajo puntaje y a estar afiliado al Partido Colorado, incumpliendo con el artículo 238 del Código de Organización Judicial. El argumento de Peña para vetar el proyecto fue que luego de pedir un informe a la Corte, notó que no es viable su promulgación porque no pone fin a la disputa entre Contraloría y Tribunal de Cuentas, sino que la profundiza y acarrea más gastos de fondos públicos y aumenta la inseguridad jurídica porque se presentarán más acciones de inconstitucionalidad, y ya hay varios precedentes con una ley similar del 2003.
El Ejecutivo señala en su decreto ya enviado al Congreso que planteó una mesa de trabajo para que tanto Contraloría como Tribunal de Cuentas coordinen acciones en conjunto para revisar las rendiciones de gastos.
Contradicción. La ley fue impulsada el año pasado por el contralor Camilo Benítez y presentada por tres diputados liberales. Peña al vetar contradijo al proyectista que en más de una ocasión advirtió que las autoridades utilizan a la Corte para el blanqueo.
La normativa se originó debido a que un centenar de entes enviaban sus informes de gastos al Tribunal de Cuentas, donde los controles no son técnicos ni estrictos, para saltarse a la Contraloría mediante una acción de inconstitucionalidad y lograban blanquear su ejecución del presupuesto.
Otra contradicción es el principio de transparencia que expuso Peña en su plan de lucha contra la corrupción lanzado en noviembre, luego de una cumbre de poderes que unió a todas las máximas autoridades para armar una estrategia y hoja de ruta contra este mal.
Durante el acto de lanzamiento, el contralor afirmó en su discurso que nada de este plan será posible sin la colaboración del partido oficialista.
Peña mencionó en el decreto que reconocía a la Contraloría como un órgano importante y constitucional, y recordó el lanzamiento de su plan nacional contra la corrupción, calificando a la institución como fundamental en la lucha. Aclaró que el veto a la ley no desvalorizaba al ente contralor.
En la Corte Suprema también hay división sobre el asunto. Algunos ministros están a favor y otros en contra de restar la facultad al Tribunal de Cuentas.
Desde el oficialismo hay gran interés en que el Tribunal siga manejando las rendiciones de gastos de las instituciones.
Ley y blanqueo
Instituciones. Un centenar de organismos envían sus rendiciones de gastos al Tribunal de Cuentas eludiendo a la Contraloría, entre ellas, la Fiscalía, la Corte, el TSJE, Asunción, gobernaciones e intendencias.
Cambio. El proyecto sancionado y ahora vetado establece que ya no se podrá remitir informes al Tribunal, solo a la Contraloría, como dice la Constitución.
Veto. Santiago Peña vetó el proyecto. En su decreto argumenta que fue porque le preguntó a la Corte y esta respondió que no es viable. Alega que seguirá la disputa en tre Contraloría y Tribunal con acciones de inconstitucionalidad.
Propuesta. El decreto presidencial propone una mesa de trabajo entre Contraloría y Tribunal de Cuentas, para coordinar acciones de control.