Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que modifica los artículos 11, 15, 16 y 30 de la Ley N° 5016/2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, con el objetivo de “recuperar el control estatal sobre la emisión de licencias de conducir” y eliminar la participación de entidades privadas en funciones públicas.
Los proponentes sostienen que la actual delegación de funciones a OPACI carece de sustento constitucional y que genera distorsiones en el sistema. Según la exposición de motivos, la organización no constituye un órgano del Estado y por tanto carece de atribuciones para ejercer funciones de poder público.
Señalan que algunos municipios han sido impedidos de ejercer sus funciones constitucionales, ya que para emitir registros deben operar obligatoriamente a través de OPACI, creando una dependencia que debilita los principios de legalidad y transparencia administrativa.
Entre los cambios más relevantes, el proyecto plantea recomponer el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, sustituyendo la designación de intendentes propuestos por OPACI por una designación directa del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.
Además, dispone que el director ejecutivo de la Agencia organice y supervise el Registro Nacional de Licencias de Conducir en coordinación directa con las municipalidades, eliminando intermediarios privados, y que OPACI entregue toda su base de datos de licencias a la Agencia en un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores afirman que la seguridad vial es una responsabilidad indelegable del Estado y debe ser ejercida exclusivamente por organismos estatales y municipales, sin intermediación de entidades privadas.
El proyecto está firmado por los diputados Raúl Benítez, Luis Federico Franco, Miguel Martínez, Carlos Pereira, Rocío Vallejo y Pedro Gómez.
