Preocupante inseguridad en el campo

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En el sector rural están recrudeciendo las invasiones de tierras, y actualmente un grupo de productores está realizando un “tractorazo” para reclamar a las autoridades la solución de las disputas. Si por seguridad jurídica se entiende la certeza de que los bienes y los derechos de las personas físicas y jurídicas serán protegidas por las leyes y las autoridades, incluidas las judiciales, es necesario concluir que en nuestro país brilla en gran medida por su ausencia. La incertidumbre que causa la falta de seguridad jurídica afecta no solo el bienestar individual, en tanto en cuanto implica la anulación de hecho de la garantía constitucional de igualdad ante las leyes, es decir, se instaura el imperio de la arbitrariedad. También atenta contra el desarrollo socioeconómico, pues ahuyenta las inversiones de origen nacional y extranjero. Una condición necesaria del progreso económico y social es el respeto irrestricto a la propiedad privada. El Gobierno de Mario Abdo Benítez prestará un gran servicio a la República si consigue neutralizar a quienes buscan pescar en río revuelto, “campesinos” violentos y sus padrinos políticos.

En la mañana del 10 de agosto de este año, un grupo armado invadió el inmueble de una familia alemana situado en el municipio de Mayor Otaño, Itapúa. En la noche del 7 de noviembre, tras culminar la siembra de 500 hectáreas de soja en el lugar, los ocupantes ¡celebraron el acontecimiento en el domicilio del intendente Pedro Chávez Rodríguez (ANR)! Al denunciar estos hechos, el cónsul honorario de Alemania en Ciudad del Este, Karsten Friedrichsen, afirmó que el Paraguay no brinda seguridad jurídica a los inversores de su país. Se trata de uno de los tantos casos de ocupaciones ilegítimas de tierras, muchas veces apoyadas por las propias autoridades locales, que han recrudecido en los últimos meses, generando notable inquietud en sectores de la producción, la industria, el comercio y los servicios.

Esa entendible inquietud se reflejó hace poco en el encuentro de sus representantes con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ocasión en la que el titular de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), Eugenio Schöller, y el de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, reclamaron “paz y seguridad en el campo”. Este último afirmó que el EPP, “grupo de gente apoyado por políticos”, mata a campesinos. Por su parte, el productor indígena Napoleón Torales denunció las invasiones de bosques de los nativos.

En el departamento de Caaguazú están recrudeciendo las invasiones de tierras, según indicaron productores que realizan hoy un “tractorazo” para reclamar a las autoridades una solución a la disputa. En ese departamento existe un problema irresuelto desde que en 2014 campesinos autodenominados “sintierras” ocuparon 1.000 hectáreas en las colonias Guahory y Pindo’i, lo que da lugar a permanentes rencillas, en ocasiones al borde del enfrentamiento con los colonos, mayormente “brasiguayos”.

Si por seguridad jurídica se entiende la certeza de que los bienes y los derechos de las personas físicas y jurídicas serán protegidos por las leyes y las autoridades, incluidas las judiciales, es necesario concluir que en nuestro país brilla en gran medida por su ausencia. Este cardinal principio del Derecho es incompatible con la corrupción desaforada y el sometimiento de la judicatura a los mandatos del poder político.

La incertidumbre que causa la falta de seguridad jurídica afecta no solo el bienestar individual, en tanto en cuanto implica la anulación de hecho de la garantía constitucional de igualdad ante las leyes, es decir, se instaura el imperio de la arbitrariedad pura y dura. También atenta contra el desarrollo socioeconómico, pues ahuyenta las inversiones de origen nacional o extranjero.

En lo que a la propiedad inmobiliaria respecta, el jefe del Poder Ejecutivo expresó en la ocasión antes referida que quienes reclaman tierras “respetando la Constitución” hallarán un Gobierno comprometido con “procesos de desarrollo agrario serios”. De eso se trata, precisamente: los reclamos deben efectuarse en el marco de la Ley Suprema, cuyo art. 109 garantiza la propiedad privada y la declara “inviolable”. Antes que recurrir a la ocupación violenta u otros métodos ilegales, cualquier litigio sobre tierras debe dirimirse ante los tribunales, ya que “nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial”, según la misma norma. Si se invocara una “utilidad pública” o un “interés social”, habría que presentar un proyecto de ley de expropiación, que en caso de ser aprobada conllevará el pago de una “justa indemnización”. Es decir, nadie puede hacerse justicia por sí mismo ni apropiarse de un inmueble por la fuerza.

Nada puede ser más perjudicial para un país que el hecho de que la inseguridad afecte a los factores de su producción. Cuando la Justicia y las fuerzas del orden no actúan, impera la ley del más fuerte y reina el caos. Aparecen, por ejemplo, los invasores “profesionales”, muchas veces apoyados por autoridades y politicastros, como pudo verse en el incidente mencionado de Mayor Otaño. Esta situación nos retrotrae a la época del Gobierno de Fernando Lugo, cuando fueron respaldados los dirigentes campesinos más violentos, ocasionando incertidumbre entre los productores. Recuérdese que en esa época algunos colonos menonitas se vieron obligados a abandonar el país, con la consecuente pérdida económica que tales hechos implican.

Lamentablemente, también en los últimos tiempos se están registrando acciones violentas preocupantes, que crean la impresión de un relajamiento de los controles o de connivencia de algunas autoridades, lo que da pie a la agresividad de ciertos grupos que ocupan propiedades privadas o dañan elementos de labranza o cultivos. A todo esto se suman las acciones criminales del grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que actúa a sus anchas en una amplia zona del norte de la Región Oriental.

El fortalecimiento institucional, del que también habló el Jefe de Estado en el coloquio realizado en el Banco Central, es imprescindible para que la población en general sepa a qué atenerse. Además de desalentar las inversiones, es decir, la creación de fuentes de trabajo, la incertidumbre provocada por la debilidad del Estado de derecho conspira contra la concreción de proyectos de vida, tanto individuales como familiares.

Una condición necesaria del progreso económico y social es el respeto irrestricto a la propiedad privada. El Gobierno de Mario Abdo Benítez prestará un gran servicio a la República si consigue neutralizar a quienes buscan pescar en río revuelto, “campesinos” violentos y sus padrinos políticos, para devolver la paz y el ambiente propicio a la gente que desea trabajar y producir. (Diario Abc Color)

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