La Comisión de Legislación y Codificación, que preside el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), dio trámite a varias iniciativas, entre las que destaca un texto que establece ciertos requisitos para la suspensión o exclusión de adultos mayores del régimen de pensión alimentaria para personas de dicha franja etaria, en situación de vulnerabilidad.

Se trata del proyecto de ley “Que establece condiciones y exigencias para la suspensión o exclusión de las personas adultas mayores al régimen de la pensión alimentaria establecido en la Ley N° 3.728/2009 – Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”.

El diputado liberal Ávalos Mariño explicó que se busca que un adulto mayor no sea excluido tan fácilmente del sistema de pensiones, sino que se establezcan requisitos determinantes para que ello ocurra.

Dicha exigencia habla de que un adulto mayor solo podrá ser excluido o suspendido en el pago: cuando reciba honorarios del sector público (sea salarios, o haberes jubilatorios); cuando sea contribuyente del Impuesto a la Renta Personal (IRP); cuando en su declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los ingresos sean superiores a dos salarios mínimos; cuando fueran beneficiarios de otros programas sociales; o por fallecimiento del beneficiario.

En caso de que se realice la exclusión sin cumplir estos requisitos, el responsable deberá pagar salarios caídos, o tener pena privativa de libertad de hasta tres años (o multa).

En tanto, el proyecto de ley “De aplicación descentralizada de políticas públicas para el apoyo al sector mipymes y emprendedores, en el marco del Sistema Nacional Mipymes”, tuvo dictamen de rechazo en la reunión ordinaria.

Fueron base del dictamen unos informes recibidos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), que explican que se trata de una normativa inconstitucional, ya que viola la autonomía municipal, entre otros detalles.