viernes, junio 21, 2024
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De forma aberrante, juez de San Juan Nepomuceno ordenó secuestrar una ambulancia en Canindeyú

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La juez María Monserrat Vera de Errecarte, titular del Juzgado de Paz Segundo Turno de San Juan Nepomuceno (Caazapá), ordenó el secuestro de una ambulancia UTI en claro contubernio con la firma capitalina Compañía Imperial del Paraguay SRL y el ex intendente del municipio de Maracaná (Canindeyú) Alfredo Gayoso Argüello (ANR). La aberrante actuación de la magistrada fue denunciada por José María Cantero (Alianza), actual intendente del distrito de Maracaná (Canindeyú).

El jefe comunal y el asesor jurídico municipal Daniel Medina Ortíz indicaron que el pasado 22 de marzo un oficial de justicia secuestró la única ambulancia del municipio por disposición de la juez María Monserrat Vera. En el 2020, el ex intendente Alfredo Gayoso Argüello (ANR), había adquirido el móvil de auxilio de la firma Compañía Imperial del Paraguay SRL, con sede en Asunción, por un total de G. 620 millones. Del valor ya fueron pagados G. 524 millones y se informó a la empresa que en la comuna ya estaba a disposición un cheque por los restantes G. 96 millones que faltaban para cancelar la deuda.

Ante el sorpresivo secuestro, el 24 y 25 de marzo el intendente José Cantero y el asesor jurídico viajaron hasta San Juan Nepomuceno para presentarse en el Juzgado de la magistrada que dictó el oficio. En ambas ocasiones no encontraron a nadie en el lugar y no tuvieron acceso al expediente. Finalmente el 28 la encontraron y solicitaron el expediente de la causa, a lo que la misma respondió que no les daría acceso supuestamente por no ser parte.
Ante la negativa de la magistrada, los afectados no pudieron saber el contenido del expediente y los fundamentos del secuestro de la ambulancia, por lo que hasta el momento no pueden ejercer la defensa de la comuna que busca recuperar la única ambulancia de Maracaná. Posteriormente los afectados descubrieron que en el contrato para la compra de la ambulancia se agregó una adenda sin código para la supuesta compra de una heladera de 25L por valor de G. 20 millones, a la misma firma Compañía Imperial del Paraguay SRL.

Basándose en la supuesta deuda por la heladera, de forma aberrante y atrevida la juez María Monserrat Vera ordenó el secuestro de la ambulancia pese a que se trata de un bien público inembargable por ley. Además se extralimitó y actuó fuera de su competencia. La llamativa actuación de la juez merece una intervención de oficio del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por los hechos de actuación fuera de competencia, dictamiento de orden de secuestro de un bien público, ocultamiento de expediente y violación del derecho de defensa.

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