El 30 de marzo del 2017 el país ya se preparaba para un golpe carto-lugo-llanista al estilo Venezuela tras la primera sesión mau pro-enmienda del 28 de marzo.

El entonces titular del Senado, el liberal Robert Acevedo (+), amenazado con la destitución por el Frente Guasu, convocó a sesión y montó guardia para retener el proyecto inconstitucional si se presentaba. Sin embargo, los 25 legisladores acusados de violar la Carta Magna no se presentaron ese día a la sesión convocada.

Posteriormente, el titular del Senado acudió a la Corte Suprema donde pidió anular de urgencia la primera sesión mau del 28 de marzo. La Corte, señalada hasta hoy presuntamente servil al cartismo, tardó un año en pronunciarse para rechazar el pedido “in limine”.

También ese día, la Fiscalía nombró a Francisco Torres para investigar la denuncia de la oposición. El Congreso también exigió al Ejecutivo explicar la aparición de militares y miembros del Regimiento Escolta rodeando el Palacio Legislativo.

Igualmente, desde la Iglesia, todas las instituciones salesianas rechazaron el “quiebre del orden institucional” en el país. Por otra parte, las autoridades de la Justicia Electoral y la Cámara de Diputados hacían todo lo posible para dilatar el Desbloqueo de Listas Sábana. Ese día también se iniciaba la asamblea de gobernadores del BID.

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En la noche, miles de manifestantes y políticos opositores marcharon desde la Plaza Uruguaya hasta el Congreso para repudiar el Golpe Parlamentario. Uno de los presentes era el propio hijo de uno de los presuntos violadores, el liberal Ramón Gómez Verlangieri.

En el mundo, los principales portales se hacían eco de la crisis y el “pacto entre Horacio Cartes y Fernando Lugo” para atentar contra la democracia. La CNN recordó las mentiras de Cartes por prometer al asumir el cargo, en agosto de 2013, que nunca buscaría la reelección. El entonces canciller Eladio Loizaga minimizaba la crisis y pedía a los embajadores “lavar” imagen del país.