Ciudad del Este – Alto Paraná. La Primera Sala del Tribunal de Apelación Penal resolvió, de forma contundente, firme y unánime, rechazar la recusación promovida por la fiscala Ruth Karina Benítez contra el juez penal de garantías Carlos Vera Ruiz, en una causa relacionada con la presunta adulteración de vehículos.

Según consta en la resolución, la recusación carecía absolutamente de fundamentos válidos, no encuadrando en ninguna de las causales previstas en el artículo 50 del Código Procesal Penal. El Tribunal, por tanto, confirmó la competencia del magistrado para seguir entendiendo en la causa.

Lo que verdaderamente preocupa a varios sectores del foro jurídico no es el planteamiento en sí de la fiscal, sino la forma en que la misma intentó encubrir su propia actuación negligente dentro del proceso. Apeló una resolución fuera del plazo legal establecido y, lejos de asumir con responsabilidad procesal su error o intentar subsanarlo conforme a derecho, optó por una reacción altanera e impropia, primeramente recurrió a gritos e improperios durante un procedimiento de anticipo jurisdiccional, profirió descalificaciones contra el juez interviniente a través de medios de comunicación, lanzó amenazas contra la abogada defensora incluyendo expresiones como “te voy a quitar hasta el apellido”, y posteriormente promovió un incidente de recusación carente de todo sustento jurídico.

Esta conducta, más cercana al atropello que al razonamiento jurídico, evidencia un preocupante desprecio por los canales formales del proceso y una tendencia a sustituir la técnica legal por el escándalo y la presión personal.

El episodio deja al descubierto una actitud temeraria por parte de la fiscala, quien parece pretender que sus errores deben ser corregidos violando la ley o deslegitimando a quien actúa conforme a ella. Para juristas consultados, esta conducta revela una falta de respeto a los principios procesales, y representa una peligrosa señal de desvío del rol técnico que debe cumplir un agente del Ministerio Público.

La decisión del Tribunal no solo reafirma la competencia del juez Carlos Vera, sino que también marca un límite institucional claro frente a intentos de manipular el proceso mediante presión, gritos o exposición mediática, cuando los caminos procesales están establecidos y deben ser respetados por todos los operadores de justicia, incluidos los fiscales.