En menos de dos años, el proyecto Áspid Tecnológico con inversión en drones, sistemas de vigilancia e inteligencia derivó en más de 250 operativos, con decomisos millonarios de drogas y cigarrillos que golpearon de lleno al crimen organizado entre Brasil y Paraguay.
La inversión es de la Itaipú a través del Parque Tecnológico, margen izquierda, en cooperación con la Policía Federal. El daño económico provocado a las estructuras criminales asciende a unos 140 millones de reales, equivalentes a aproximadamente G. 179.200 millones.
Los datos fueron revelados por la Itaipú, margen izquierda, que prevé una inversión total de hasta 205 millones de reales, equivalentes a cerca de G. 262.400 millones, a la seguridad pública en la región fronteriza.
El programa se extiende hasta el año 2028 e incluye inversiones de Itaipú en drones, cámaras, sistemas de vigilancia y otras tecnologías aplicadas a tareas de inteligencia y control territorial en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica de la Itaipú Binacional.
Hasta ahora, la Itaipú informó que ya ejecutó cerca de 4 millones de reales en equipamientos y sistemas tecnológicos, equivalentes a unos G. 5.120 millones, de un total proyectado de casi 23 millones de reales, que representa alrededor de G. 29.440 millones hasta diciembre de 2028.
Pese a que el proyecto aún se encuentra en fase inicial, los resultados obtenidos en menos de dos años ya superan ampliamente el nivel de incautaciones registrado antes de la implementación del soporte tecnológico, agrega el reporte.
Desde su puesta en marcha, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, el proyecto respaldó más de 250 operaciones, en las que las fuerzas de seguridad incautaron 79.664 kilogramos de drogas, cerca de siete millones de paquetes de cigarrillos, 31.650 cigarrillos electrónicos y 15 armas de fuego, además de desactivar una fábrica clandestina de cigarrillos paraguayos en Ourinhos, en el estado de São Paulo.
Los recursos fueron instalados en puntos estratégicos de los estados de Paraná y Mato Grosso do Sul, lo que permitió ampliar la capacidad de detección, seguimiento y respuesta operativa de la Policía Federal en zonas críticas del narcotráfico y el contrabando. Fueron adquiridos vehículos y embarcaciones blindadas, equipos de monitoreos y se construyeron sedes policiales, con los recursos.
