Una comitiva fiscal policial intentó supuestamente realizar un desalojo ilegal en un inmueble situado en Potrero Aguará, San Carlos, en el distrito de San Juan Nepomuceno, Caazapá. Los residentes del lugar denunciaron que los intervinientes no contaban con una orden judicial.
En el predio viven ocho familias que aseguran residir en el lugar desde hace varias generaciones, con sus padres y abuelos habitando allí por casi 100 años.
Según Claudio Cáceres, uno de los lugareños, desde 2022 otras personas han reclamado la propiedad como suya, y recientemente recibieron una notificación citándolos para el próximo Miércoles 02 de Octubre en el Ministerio Público para tratar el conflicto.
Sin embargo, hoy los supuestos propietarios del terreno, acompañados del fiscal Carlos Mercado, supuestamente intentaron desalojar a las familias por la fuerza. Los vecinos afirman que los intervinientes se negaron a mostrar los documentos que llevaban, exigiendo que firmaran antes de leerlos.
Posteriormente, trabajadores contratados por los presuntos dueños derribaron a martillazos el cercado de una de las viviendas. Los ejectores se retiraron tras la intervención de algunos vecinos, quienes exigieron que se repusiera el vallado destruido.
El fiscal Mercado, por su parte, explicó que el operativo fue supuestamente una «constitución» para tomar datos georeferenciales y verificar si las viviendas están dentro del título de propiedad que, según se afirma, pertenece a Santiago Julián Ortiz.