El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que presentó una actualización de su declaración jurada y solicitó una “revisión integral” a la Contraloría General de la República. El mandatario fue recientemente denunciado por parlamentarios opositores por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
“He presentado una actualización de mi declaración jurada y solicitado a la Contraloría General de la República la revisión integral de mis declaraciones juradas”, anunció el presidente de la República, Santiago Peña, a través de la red social X.
El pedido se da luego del escándalo que involucró al mandatario y su esposa, Leticia Ocampos, por supuestos hallazgos de sobres con dólares en el quincho de la casa presidencial Mburuvicha Róga.
Al salir a la luz el caso, parlamentarios opositores lo denunciaron por supuestos casos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y manejo irregular de recursos públicos en beneficio propio durante su mandato.
En el documento presentado, el jefe de Estado señaló que el incremento de su patrimonio provino “exclusivamente” de ingresos que obtuvo como profesional en el sector privado.
Aseguró que pagó todos los impuestos correspondientes sobre los ingresos que obtuvo tras su salida como ministro de Hacienda en el año 2017 y su asunción como presidente de la República en 2023.
También afirmó que el pedido obedece a “publicaciones periodísticas falsas, inexactas e interesadas” que señalaban la construcción de una mansión en San Bernardino y el supuesto hallazgo de sobres con dólares en la casa presidencial.
“Lo hago con la tranquilidad de quien ha trabajado siempre con honestidad y con la fuerza de quien sabe que nada se construye sobre la mentira. A lo largo de mi vida, en el sector público y en el privado, me he esforzado dando lo mejor de mí y he actuado siempre con respeto a las leyes”, expresó en el comunicado.
Análisis de la Fiscalía
Senadores y diputados de la oposición anunciaron una denuncia penal contra el presidente Santiago Peña por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de poder.
Señalaron un aumento patrimonial injustificado de 1.603% entre 2017 y 2023, compras de bienes sin respaldo legal y contratos por G. 992.000 millones a empresas vinculadas.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público y actualmente está siendo analizada por investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde está en etapa de examen de correspondencia.
