El gobierno argentino anunció ayer domingo el envío de fuerzas federales a la ciudad de Rosario (centro) para enfrentar al narcotráfico, tras cuatro asesinatos de civiles en los últimos días, perpetrados por “narcoterroristas” según el ejecutivo.
“Tras un pedido del gobernador (de la provincia de Santa Fe) Maximiliano Pullaro (…) la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la policía de Santa Fe en su combate contra el narcotráfico”, publicó en la red social X la Oficina del Presidente de la República Argentina, Javier Milei.
Por su parte, Milei escribió en su cuenta de X que el gobierno está enfrentando a “un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”. “No vamos a dejar de perseguirlos (…) porque sabemos que son ellos o nosotros”, aseguró el presidente argentino. La medida incluye el envío de las Fuerzas Armadas (FFAA) para brindar apoyo “siempre dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior”, de acuerdo con la misma fuente.
Si bien las FFAA argentinas no pueden intervenir directamente, la excepción que contempla la legislación es cuando participan para “apoyar las operaciones de seguridad interior” mediante la afectación “de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.
El anuncio del gobierno tiene lugar tras una serie de hechos de violencia en esta ciudad junto al río Paraná, ubicada 300 km al norte de Buenos Aires y la tercera en tamaño de Argentina con 1,3 millones de habitantes, donde dos taxistas, un chofer de ómnibus y un empleado de una estación de servicio fueron asesinados esta semana.
Los ataques narcos responden, según el gobierno de Santa Fe, al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil en las cárceles de la provincia. “Los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar como terroristas, pretenden recuperar los privilegios que tenían: tener celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel”, dijo el gobierno provincial en un comunicado este domingo.
“Matar más inocentes”
En el caso del empleado asesinado en la estación de servicio, los perpetradores dejaron una nota en la que aclararon que “esta no es una guerra por territorio”, sino contra Pullaro y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni. También reclamaron por los derechos de los presos bajo la amenaza de “matar más inocentes”: “Queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada”, advirtieron en la carta.
En dos meses de gestión, Pullaro ha recibido 25 amenazas que atribuye a su política de mano dura en la ciudad con la peor tasa de homicidios a nivel nacional: 22 por cada 100.000 habitantes, cinco veces mayor al promedio nacional.
El gobernador santafesino busca terminar la construcción de una prisión de máxima seguridad y el martes difundió imágenes de presos tratados en un estilo que políticos y académicos acusan de ser una copia del que utiliza el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. “Cuanto más se metan con nosotros, peor la van a pasar”, advirtió a los jefes narcos Cococcioni, que aseguró que cuando esté terminada la cárcel de alta seguridad, los delincuentes “no van a poder ni pestañear”.