El presidente ganó la pulseada por sostener a Lea (sostén técnico), pero las presiones siguen y deben capear entre conflictos para sostener la armonía. En el Gabinete todos buscan ganar terreno.
Santiago Peña debe gestionar el avance de sus proyectos de gobierno sorteando el internismo y amortiguando con sus leales técnicos. El presidente resiste mediante su primer anillo a la dirigencia y caudillos que presionan por cargos, poder, intereses económicos ligados al sector privado y proyecciones.
La primera batalla entró en una tregua al decidir mantener como jefa de Gabinete a Lea Giménez, cuyo comportamiento político muy cerrado le valió la resistencia de gran parte del Partido Colorado y otros sectores.
Lea es de su máxima confianza y su relación trasciende el aspecto público, ya que tienen intereses comunes incluso en el terreno privado, donde son aliados. Además, la ex ministra de Hacienda es su mano derecha también en la agenda de seguridad que fue bajada por Laura Richardson en el Comando Sur.
El malestar hacia Lea proviene del mismo oficialismo y aunque la jefa de Gabinete no opera sin coordinación con el presidente es la encargada de ser la mano dura que pone límites a los pedidos.
En las negociaciones con Brasil para la nueva tarifa energética de Itaipú también tuvo roces que impidieron incluso su asistencia total a las reuniones.
Posible fisura. La disconformidad en el oficialismo se refleja también en la Cámara de Diputados, donde la bancada de Honor Colorado podría quebrarse. El enojo principal es que las tajadas no alcanzan a todos. Hay molestia incluso porque miembros de Fuerza Republicana logran en algunos casos más beneficios que los cartistas en cargos y otros repartos.
Peñismo. Las prioridades de Peña se gestionan en el seno de su equipo técnico que, además de Lea, está integrado por el asesor jurídico de la presidencia Roberto Ilo Moreno, el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y el ministro de Industria Javier Giménez.
Cartismo. El ala política está más ligada a fichas de Horacio Cartes, pero que igualmente forman parte del primer anillo del presidente, que son, José Alberto Alderete, asesor político; Juan Carlos Baruja, ministro de la Vivienda; Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social y Pedro Alliana, vicepresidente.
Las presiones de las bases coloradas por cargos no son las únicas que podrían motivar cambios. La primera movida fue la de Ángel Ramón Barchini que tuvo que apartarse del Ministerio de Justicia por diversas tensiones tanto vinculadas al manejo de sectores del crimen organizado como la influencia de Estados Unidos.
El otro cambio efectuado y reciente es el de la ex presidenta del Indi, Marlene Ocampos, que debió renunciar por presión el cartismo. En su lugar ingresó el militar retirado vinculado al gobierno de Cartes, Juan Ramón Benegas.
En tanto siguen las presiones por Claudia Centurión, ministra de Obras y Teresa Barán, ministra de Salud.
Peña debe rendir cuentas el 1 de julio ante el Congreso y se espera que esa fecha sea el punto límite para las decisiones del presidente en torno a su Gabinete.
El gobierno cumple un año en agosto con muchos proyectos de reforma como la creación de la Superintendencia de Pensiones, la reducción relacionada a la estructura estatal como el Ministerio de Economía y la nueva ley de organización del Estado, la militarización de departamentos del Sur por el aumento del crimen organizado, la centralización de la administración del almuerzo escolar con la eliminación del Fonacide, entre otros.