El abogado Guillermo Ferreiro asumió la defensa de Miguel Prieto y comunicó que viajará precisamente en la fecha prevista para la audiencia de imposición de medidas del intendente. Con esto, solicitó la suspensión de la diligencia y es inminente una respuesta favorable.

El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, recibió la nota del abogado Guillermo Ferreiro, quien comunicó que ejercerá la defensa del intendente Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza.

El letrado también solicitó la suspensión de la audiencia de imposición de medidas cautelares, ya que coincide con su viaje marcado desde el 25 hasta el 28 de julio, fecha de la convocatoria, por lo tanto, no podrá asistir.

Ante la ausencia de su abogado, el procesado tiene todas las chances de lograr la suspensión de la diligencia, no obstante, habrá que esperar la decisión del magistrado.

Respecto al trabajo del Ministerio Público, los fiscales de la causa, con apoyo de la Contraloría, incautaron los documentos esenciales del proceso licitatorio, tanto en la Municipalidad como en la empresa adjudicada, de nombre Tía Chela, así como una de las empresas identificadas como Vanemi, perteneciente a Emilia Vanessa Florentín, quien reconoció haber sido pareja de Prieto. Esto también lo admitió el intendente.

Se solicitó a Tributación la trazabilidad de las compras adjudicadas, a fin de determinar si tenía en su stock los 25.000 kits supuestamente adquiridos por la comuna.

“Se hizo la reconstrucción de esa cadena de compra desde los subproveedores hasta llegar a la proveedora final. Es ahí donde se detecta la inconsistencia, como por ejemplo, que las supuestas operaciones de compras de kits de alimentos, incluso son posteriores a la fecha de entrega  y también, entre los proveedores, a más de encontrarse la existencia de esta empresa, se detectó a tres proveedores más, que son considerados proveedores ficticios”, explicó el fiscal Silvio Corbeta.

La licitación fue convocada por valor de 3.000 millones de guaraníes, sin embargo, existió un solo pago de 1.700 millones, donde, el perjuicio es del 100 % para la Municipalidad, ya que no se entregaron los 25.000 kits, pese a que eso figura en los papeles.

“Al hacer la trazabilidad de las mercaderías, no encontramos dentro del stock de todas estas empresas esa cantidad. Por lo tanto, es fácil concluir que, si no tuvieron el stock, no tuvieron cómo entregar efectivamente, además de otras circunstancias como la incapacidad financiera y técnica y la falta de experiencia”, detalló el fiscal.

Otra irregularidad determinada por la Contraloría, es el haber convocado por la vía de la excepción, cuando debió haber sido un llamado ordinario. También existen otras irregularidades administrativas que involucran a los demás funcionarios.

El pedido de arresto domiciliario obedece al peligro de obstrucción de la investigación. También existen otras medidas como, la prohibición de comunicarse con los funcionarios involucrados.