Los cartistas omitieron en sus argumentos la promesa que hizo el Gobierno colorado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para crear la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. En este contexto también está pendiente que la organización financiera desembolse un préstamo de USD 400 millones a Paraguay.
Tras la apresurada sanción de la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, reflotó la hipótesis de que detrás hay un condicionamiento externo al que se somete el Gobierno en su desesperada búsqueda de financiamiento.
En marzo pasado, Paraguay firmó un acuerdo con el FMI en el que se comprometió a avanzar en este 2023 con la elaboración de una ley de transición para la Caja Fiscal y una nueva versión de la ley para la supervisión del sistema de pensiones, que sentarían las bases para una reforma más integral del sistema de pensiones.
El propio senador Dionisio Amarilla, quien si bien pertenece al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) responde a la agenda cartista, admitió que este tema se trató en las comisiones del Congreso, pero no salió de allí.
“Es obvio que podía haber sido involuntariamente ignorado y así sucedió”, dijo en radio Monumental 1080 AM.
De esta manera intentó justificar la falta de socialización con el “ambiente agitado” que se vivió con la movilización de trabajadores y la postura de la oposición.
Además de este acuerdo, está en revisión el pedido de préstamo por USD 400 millones, que pidió el presidente Santiago Peña al FMI a principios de noviembre y que está pendiente de desembolso.
Estos recursos corresponden a un fondo de Derechos Especiales de Giro, un activo de reserva internacional al que se recurre en un contexto de crisis.
El organismo internacional todavía debe aprobar este millonario préstamo, que luego debe tener la venia del Congreso Nacional, donde los cartistas demostraron que pueden sancionar en tiempo récord cualquier ley que proponga el Ejecutivo.
El Estado está quebrado
El diseño del acuerdo de coordinación de las políticas económicas con el FMI había iniciado con el gobierno de Mario Abdo Benítez, quien finalmente firmó el pacto en marzo de este año.
El documento habla explícitamente de que la ley de reforma del sistema de pensiones estaría lista en este 2023, de ahí la celeridad con que se trató el proyecto en las últimas sesiones de las cámaras de Senadores y Diputados antes de llegar al receso parlamentario.
“La hipótesis que nosotros manejábamos desde la Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY) es que esta intención apresurada de lograr a como dé lugar la reforma del sistema pensiones y jubilaciones y la creación de la superintendencia responde precisamente a esas exigencias que se firmaron con el Fondo Monetario Internacional y cuya fecha está explicitada”.
Para ella está claro que el Estado está quebrado y que ni siquiera tiene recursos para cubrir los salarios de servidores públicos.
Mencionó que, por ejemplo, Santiago Peña tuvo que bicicletear la deuda pública con la “recompra” de bonos en el mercado internacional con un mayor endeudamiento, teniendo en cuenta que en enero y febrero venció la primera tanda de bonos que se habían emitido ya durante la gestión de Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado y quien tiene una fuerte influencia en las decisiones gubernamentales.
En coincidencia con los legisladores de la oposición, considera que Peña está buscando recursos ante el grave déficit fiscal, en este caso del FMI, pero también de los fondos jubilatorios, ya que la ley da pie a disponer de ese dinero.
Advertencia sobre Ley de Superintendencia
La economista advierte que no solo se crea la superintendencia, sino que además se hace una reforma del sistema previsional, lo que puede representar un proceso de privatización al incluir la capitalización individual.
González explicó que este modelo fracasó en otros países y que es negativo porque a su paso retira la responsabilidad a las patronales y rompe el pilar de solidaridad intergeneracional para el acceso a la jubilación.
Por último, mencionó que hay otros mecanismos de financiación y que especialmente se debe apuntar a una reforma de la estructura del sistema tributario, donde no se combate seriamente la evasión y al mismo tiempo se debe trabajar en la formalización del empleo, que es crucial para que funcione el sistema de jubilaciones.