Reforzando las denuncias sobre la existencia de una «rosca fiscal» en Ciudad del Este, el fiscal adjunto Jorge Sosa ha vuelto a demostrar su respaldo incondicional al cuestionado fiscal Alcides Giménez Zorrilla. En un movimiento que ha generado indignación y sospechas, Sosa designó a Giménez como coadyuvante en la investigación de un caso que involucra la incautación de más de 211.000 dólares en efectivo, relacionados con el senador argentino Edgardo Darío Kueider. Esta polémica decisión llega en un contexto donde Giménez enfrenta graves acusaciones por el manejo irregular y corrupto de evidencias en su unidad fiscal.
Un patrón de protección sistemática
La designación de Giménez para este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de protección ejercido por el fiscal adjunto Sosa. En lugar de investigar las irregularidades denunciadas contra Giménez, el fiscal adjunto ha optado por otorgarle casos de alto perfil que, irónicamente, requieren un manejo intachable de evidencias. Este respaldo incondicional no solo pone en tela de juicio la ética del fiscal adjunto, sino que también refuerza las acusaciones de que ambos forman parte de un círculo interno que se protege y se beneficia mutuamente.
Antecedentes preocupantes: pruebas y denuncias desoídas
El historial de Alcides Giménez en el manejo de evidencias es alarmante. Hace apenas unos dias, un vehículo incautado en el marco de una investigación por homicidio apareció abandonado en el barrio San Miguel, tras ser utilizado de manera irregular por su asistente fiscal Héctor Ramón Villalba. Testigos relataron que Villalba, en estado de ebriedad, abandonó el automóvil, que contenía billetes, teléfonos celulares y documentos esparcidos, evidenciando un caos absoluto en el manejo de pruebas clave.
A pesar de estas denuncias respaldadas por informes oficiales, el fiscal adjunto Jorge Sosa ha ignorado deliberadamente la gravedad de la situación. En un giro controvertido, decidió designar a Giménez en un caso donde nuevamente deberá custodiar una considerable suma de dinero en efectivo. Este hecho plantea serias dudas sobre el manejo y el destino final de las evidencias incautadas.
El control estratégico de la investigación
Fuentes cercanas al caso afirman que, mientras el fiscal Edgar Benítez, aparentemente no alineado con el círculo del fiscal adjunto, figura como titular de la investigacion, por lo que el fiscal adjunto Jorge Sosa habría colocado a Giménez como el verdadero “guardián” del rumbo de la investigación. Esta maniobra garantizaría el control estratégico sobre las evidencias, especialmente los 211.000 dólares en cuestión, intensificando las sospechas de que las mismas podrían no llegar al destino judicial correspondiente.
La impunidad dentro del Ministerio Público
A la vez el fiscal adjunto tiene el blindaje y respaldo absoluto del fiscal general del estado Dr. Emiliano Rolón Fernández. En días recientes, durante una rotación general de fiscales adjuntos en el país, Sosa fue uno de los pocos que mantuvo su cargo intacto. Esto, a pesar de las múltiples denuncias y el desempeño sombrío de su gestión en Ciudad del Este, refuerza la percepción de que él mismo es un protegido de instancias superiores, lo que perpetúa una red de impunidad y corrupción.
La inacción del Jurado de Enjuiciamiento: cómplice del mal desempeño fiscal
Su omisión e inacción lo convierten en cómplice. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano constitucional encargado de juzgar el desempeño de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por la presunta comisión de delitos o mal desempeño en sus funciones, tiene como deber garantizar el debido proceso y velar por la correcta administración de justicia, en defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, su silencio frente a las graves irregularidades cometidas por ciertos agentes fiscales, como en este caso, revela una preocupante falta de compromiso con su misión. Al no tomar cartas en el asunto, el Jurado no solo permite que estas malas actuaciones queden impunes, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, demostrando una complicidad pasiva que favorece la corrupción y la impunidad.
¿Quién garantiza el buen manejo de las evidencias?
El historial de Giménez y la persistente protección de Sosa plantean preguntas inevitables: ¿quién garantizará la correcta administración de las evidencias en este nuevo caso? ¿Qué destino tendrán los 211.000 dólares incautados? La aparente indiferencia hacia las denuncias públicas y los antecedentes de corrupción no solo comprometen la credibilidad del Ministerio Público, sino que también sugieren que la independencia y objetividad de la justicia en Ciudad del Este están profundamente erosionadas.
En este clima de desconfianza, la ciudadanía queda sin respuestas y con una certeza inquietante: la «rosca fiscal» sigue siendo el mayor obstáculo para la persecusion de los hechos punibles y el manejo eficiente de las evidencias en Ciudad del Este.