La empresa Reljuv S.A., dueña de la urbanización Paraiso Verde – Reljuv, ubicada en la comunidad Tajy del distrito de Caazapá, mediante comunicado, informó que procedió al pago del primer mes de alquiler del Sanatorio Liz, para cooperar en la lucha contra el coronavirus.
En el acto participaron los diputados Avelino Dávalos (ANR) y Roque Sarubbi (PLRA-GANAR), quienes en un primer momento dijeron que ellos serian los que pagaría el alquiler, pero luego nos enteramos que el pago realizó el señor Juan Buker, presidente de la empresa Reljuv S.A.
La empresa que pagó el alquiler del sanatorio, está actualmente investigada por la fiscalía para esclarecer una denuncia ciudadana de que en la urbanización Paraiso Verde, estarían albergados ciudadanos extranjeros, de quienes se sospechan que podrían estar infectados con el COVID-19.
El día de ayer 20 de marzo, una comitiva fiscal y policial encabezada por la agente fiscal de turno de Caazapá Laury Rosana Vázquez Rivas se constituyó en el lugar, para realizar las averiguaciones.
La empresa ya cuenta con varias denuncias relacionadas a delitos ambientales, cuyas investigaciones llamativamente, suelen quedar en la nada.
Paraiso Verde – Reljuv contaría con la protección de los diputados Avelino Dávalos y Roque Sarubbi, y del mismo ex presidente de la República Horacio Cartes.
Ayer 20 de marzo, en un acto donde participaron los mencionados diputados y el presidente de la empresa Reljuv S.A. Juan Buker, se procedió a la firma del contrato de alquiler del hospital Liz, cuyo primer pago realizó la empresa en cuestión.
Ojalá que no sea el precio de la protección para tener en su condominio cerrado, infectados con el virus COVID-19 que en nuestro país ya tiene casi una veintena de contagiados confirmados y una lamentable muerte.
Mas que nunca necesitamos que las instituciones estén fortalecidas para defendernos de este mal y no sucumban ante presiones políticas y económicas.
Necesitamos estar igualados ante la ley, asi como estamos ante esta enfermedad, que a los fiscales no les tiemblen la mano para procesar e imputar a los que no cumplen con las recomendaciones Sanitarias.
