El día de ayer (Jueves, 13 de Junio) se realizó la Sesión de la Junta Departamental de Caazapá, donde se presentó el Informe Final que llevó a la Revisión de la Rendición de Cuentas de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y ejercicio fiscal 2018 (hasta el 15 de agosto de 2018) de la gobernación de Caazapá.
Los auditores contratados para tal efecto, encontraron inconsistencias, diferencias e indicios de presuntas irregularidades en cuanto a los contratos por lo que ponen a consideración de la Administración Departamental remitir los antecedentes del caso en cuestión al Ministerio Público.
“La Junta no tiene otro camino que remitir el informe final a la Fiscalía de Delitos económicos, que tiene la carpeta habilitada y que se está investigando, para que pueda verificar en su carácter de órgano Jurisdiccional que los mismos auditores están recomendando, punto por punto, diferencia por diferencia” mencionó el Concejal Departamental Benjamín Adaro.
Sin embargo, la bancada cartista mocionó que se derive a la Comisión de la junta, esta moción en la votación fue apoyado por los concejales Albertano Reyes, Rodrigo Miño, Sandra Morel, Wilson Lopez, mientras que a la moción de Benjamin Adaro lo votaron el concejal Hernan Vergara, Emilio Tilleria, Antonia Lopez, Michel Martínez, Beningo Baez y Nelson Vera.
Habiendo dos mociones, se llevó a votación prevaleciendo la Moción del concejal Benjamín Adaro de remitir a la Fiscalía de Delitos Económicos el Informe Final que llevó a la Revisión de la Rendición de Cuentas de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y ejercicio fiscal 2018 (hasta el 15 de agosto de 2018).
Según los auditores, en este periodo de tiempo auditado 2014 hasta el 15 de agosto del 2018, se “observan diferencias de menos en documentos de respaldos” por valor de G. 169.144.131.619 de guaraníes entre la Ejecución Presupuestaria Consolidada por Objeto del Gasto de la Gobernación de Caazapá y la cuantificación de las Rendiciones de Cuentas -Royalties y Fonacide- remitidos en medios magnéticos por la Contraloría General de la República (CGR).
Por otro lado, al auditar las cuentas bancarias a nombre de la Gobernación, “se observan diferencias por la suma de G. 3.897.350.106” entre la Ejecución Presupuestaria Consolidada por Objeto del Gasto de la Gobernación de Caazapá y la cuantificación de los cheques emitidos según extractos bancarios.
En el caso de las Becas otorgadas “la Administración Departamental omitió el registro de G. 1.993.634.128 en la Contabilidad Institucional” al cierre de los Ejercicios Fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 (hasta el 15 de agosto), incumpliendo la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”.
Con relación al Inventario de Inventario de Bienes de Uso, se ha constatado diferencias significativas en el Balance General al 31/12/2017 específicamente entre el valor revaluado de los bienes y el valor de las depreciaciones acumuladas, por lo que “el resultado que arroja el Balance General no es razonable”.
“Se ha detectado un faltante de Bienes de Uso por un valor de G. 242.946.573” dice el informe de los auditores, y remarcan que “se ha constatado que NO todos los BIENES DE USO se encuentra en su destino”.
En el caso del uso de ROYALTIES, el informe menciona que “El Gobierno Departamental de Caazapá realizó Obligaciones por la suma de G. 32.081.669.831”, que las Rendiciones de Cuentas -asciende a la suma de G. 18.994.907.439 remitidos por medios magnéticos por la Contraloría General de la República (CGR), lo que da una diferencia de G. 13.086.762.392.
Con relación al uso de recursos provenientes de FONACIDE, se realizaron Obligaciones por la suma de G. 16.020.670.165 y las Rendiciones de Cuentas que fueran presentadas al CGR por la Gobernación de Caazapá ascienden a la suma de G. 11.955.172.810, dando una diferencia de G. 4.065.497.355.-
En cuanto a las obras públicas realizadas por el gobierno departamental de Caazapá, con fondos provenientes de los ROYALTIES y FONACIDE presentan innúmera irregularidades en la casi totalidad de los contratos, siendo las más constantes:
- Se observa un tiempo mayor al previsto en el contrato, no teniendo a la vista ninguna justificativa previsto en el contrato para demorar la entrega de la obra.
- Las Garantías de fiel cumplimiento del Contrato, Seguro contra daño a terceros y Seguro contra accidentes de Trabajo, no se visualiza en los documentos de Rendición de Cuentas.
- La Obra no se ha terminado dentro del Plazo de entrega de la obra, previsto en el Contrato. No se ha tenido a la vista ninguna justificación del atraso en la entrega de la obra.
Por tanto, en casi todos los casos, la Gobernación trasgredió disposiciones legales al no exigir la presentación de las pólizas de seguro requerido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y Contrato respectivo, no aplicó multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y Contrato respectivo, correspondiente por días demora en la terminación de la obra y En algunos casos los Certificados de Obras emitidos se encuentran sin fecha.
Tan sólo en la “aplicación de las multas por demoras en la entrega de las obras”, la gobernación de Caazapá pudo haber retenido la suma de G. 3.333.677.174.
Los auditores recomiendan a la Administración Departamental “garantizar el fiel cumplimiento del contrato y ceñirse a las condiciones contractuales establecidas en los Contratos firmados” además de “contar con una fiscalización confiable y veraz para el control de las obras contratadas”.
“En este caso, las diferencias son dudosas. En todos los puntos recomiendan al ejecutivo y a la Junta remitir a los órganos jurisdiccionales. Y todos sabemos que los Órganos Jurisdiccionales son los Juzgados y la Fiscalía que tienen competencia de entender en estos casos de dudas de una diferencia abismal de suma de dinero de la gente del pueblo del departamento de Caazapá” argumentaba el Concejal Benjamín Adaro, proponente de la moción de remitir a la Fiscalía de delitos económicos el informe Final.
