La ausencia de un mecanismo de control preventivo permitió que los gobernadores hicieran uso discrecional de los fondos Covid. Tampoco funcionó la comisión especial creada por Marito.
Ninguno de los mecanismos de control institucional y de la comisión especial creada por el Gobierno funcionó para verificar de manera preventiva el manejo de los USD 34 millones entregados por el Ministerio de Hacienda a las 17 gobernaciones en plena pandemia por Covid para atender la emergencia sanitaria y la reactivación económica.
La Auditoría del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República y la Secretaría Nacional Anticorrupción reaccionaron posterior a los hechos de corrupción que fueron detectados en diferentes gobernaciones que hicieron uso dudoso de los fondos públicos.
Inclusive, el presidente Mario Abdo Benítez había creado en mayo de 2020, la Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid para controlar el buen uso de los recursos de la ley de emergencia sanitaria. Justamente el ministro designado al frente de la comisión fue Arnaldo Giuzzio, quien fue forzado a renunciar al Ministerio del Interior tras el escándalo con un narco investigado en Brasil.
A finales de 2020 y en el momento de la peor crisis generada por el Covid con la cantidad de muertos y personas internadas, el Ejecutivo promulgaba la Ley 6641 que daba luz verde para brindar apoyo financiero a los gobiernos departamentales.
Son cinco las gobernaciones que están en la mira y ellas saltaron todos los controles y terminaron haciendo vito con el dinero millonario que recibieron para atender la crisis que golpeó al país.
facturas falsas. Los primeros casos aparecieron tras la denuncia realizada por la Subsecretaría de Tributación que confirmó la aparición de facturas falsas que usaron para operar y desviar el dinero millonario que recibieron los gobernadores.
Tampoco desde la Dirección de Contrataciones Públicas funcionaron los sistemas de alarmas para identificar a tiempo el esquema que fueron maniobrando para evitar los controles efectivos y evitar el desvío de los fondos.
Un modus operandi que aparece es la transferencia directa a las organizaciones civiles vinculadas a los gobernadores, inclusive, en alguno de ellos integrados por los propios funcionarios de la institución para evitar los controles y apurar la entrega del dinero público.
El caso más escandaloso hasta el momento es el gobernador con prisión domiciliaria Hugo Javier González, de Central, quien entregó las millonarias sumas de dinero a la Fundación CIAP y a la Asociación Plantemos Conciencia.
Lo mismo pasó con el gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera, quien entregó dinero para construir pabellón de contingencia Covid y planta de oxígeno nada menos que a su asesor de Gabinete. Se trata de Carlos Augusto Ramos quien figura al mismo tiempo como presidente de la comisión que recibió la suma de G. 3.000 millones para la ejecución de las referidas obras.
Los demás gobernadores que también están bajo la lupa de la SET y la Contraloría y hay sospechas de uso de facturas falsas en otras dependencias que están siendo investigadas son de Canindeyú, Caazapá y Alto Paraguay.
La investigación de la Fiscalía avanza a pasos lentos y hasta el momento solamente se mueve el caso Hugo Javier.
USD 34 millones fueron transferidos en dos etapas a las 17 gobernadores para la emergencia por salud y reactivación.
