Representantes de la fundación Stella Maris, cuya oficina fue allanada en el marco de la investigación por venta de cargos en el IPS, negaron tener relación con el hecho. Sostienen que hubo un error por parte de la Fiscalía, por una confusión con el nombre de la fundación.
Directivos de la Fundación Stella Maris, cuyo local fue allanado por el Ministerio Público en el marco de la investigación por venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS), negaron tener relación con el hecho y afirmaron que el operativo se realizó por un error de los fiscales de la causa, por una confusión por el nombre de la institución.
“Nos avisaron que nuestra fundación estaba siendo allanada; cuando yo vine al lugar encontré a dos fiscalas que estaban interviniendo y colaboramos en todo. Estoy segura de que esto forma parte de una equivocación porque nosotros no realizamos capacitaciones”, expresó Julia Jacobo de Vargas, presidenta de la institución.
Julia Jacobo es esposa del almirante Silvio Vargas, comandante de la Armada Paraguaya, y está al frente de la fundación que nuclea a esposas de jefes militares.
Los intervinientes se llevaron documentos que podrían demostrar un vínculo de la fundación con las personas investigadas por ofrecer cargos a cambio de dinero en la previsional, pero este hecho fue negado. “Llevaron todos los documentos y no tenemos inconvenientes en mostrar todo lo que tenemos aquí”, agregó la mujer.
Hasta el momento hay 13 personas imputadas por la venta de cargos que funcionaba de forma similar al esquema Ponzi. Quienes deseaban acceder al plantel pagaban entre G. 2.500.000 y G. 24 millones.
Algunas personas creían que ya formaban parte del plantel porque les hacían firmar contratos y hasta les tomaban las huellas en los relojes biométricos, bajo la promesa de percibir sus salarios en tres o cuatro meses. Prestaban servicios “home office”, pero en realidad nunca fueron incluidas en la nómina de funcionarios, según la fiscala Sandra Ledesma, una de las investigadoras.
Los últimos procedimientos en busca de evidencias y documentos se realizaron en el barrio Santa Ana de Asunción, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Lambaré, y uno cerca del Cementerio del Este.