El Ministerio Público solicitó al juzgado la desestimación de la denuncia penal hecha contra los agentes Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes imputaron al expresidente Mario Abdo Benítez y su cómplice por las filtraciones de la Seprelad.
El fiscal anticorrupción Néstor Coronel, quien fue designado para investigar la denuncia presentada por la abogada Cecilia Pérez, representante legal del diputado colorado Mauricio Espínola, en contra de los fiscales Aldo Cantero y Giovani Grisetti, requirió al juez la desestimación de la acción.
El agente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción resaltó que, tras su análisis del caso, concluyó que, las labores fiscales (entiéndase diligencias, notas, líneas de investigación, hipótesis de hechos relevantes) “siempre fueron realizadas y consensuadas dentro del conjunto operacional fiscal, con la participación de la fiscal adjunta, o sea, nunca se tomaron decisiones unipersonales”.
Además que, las manifestaciones practicadas fueron coherentes y creíbles con las extracciones de datos de los diferentes equipos informáticos ubicados en las diferentes oficinas de la Sede 1, incluso una que guardaba relación a la computadora personal de un relator fiscal del Ministerio Público. Además que las informaciones extraídas fueron realizadas ante el control del juez penal.
Argumenta el fiscal que, de existir mensajes entre el abogado denunciante y el fiscal investigador, no condicionaron la presentación del acta de imputación, ya que de por sí las evidencias recolectadas en el proceso investigativo ameritaban proceder a la imputación de los sospechosos.
El agente además rechaza que haya existido prevaricato en la causa o persecución de inocentes. “En la presente causa, se denunciaron hechos concretos en que fueron analizados y verificados las porciones fácticas, en la cual arrojó un resultado concreto que fueron los elementos de sospechas fundados, en el cual se arribó a una conclusión el cual fue plasmado en un acta de imputación en la presente causa n. 6898/2023, caratulada: “Carlos Arregui Romero y otros s/ Revelación de secretos de servicios y otros”, el cual fue admitido en tiempo y forma por un juez penal de garantías, con lo cual se tiene por iniciado un proceso penal, el cual constituye una garantía para toda persona que está siendo procesada”, reza su escrito presentado ante el juez.
Esta causa se inició luego de que se filtraron supuestos chats entre Cantero y el abogado Pedro Ovelar. Pérez denunció que supuestamente los representantes del Ministerio Público elaboraron una causa penal en contra del legislador, como también contra el expresidente de la república, Mario Abdo Benítez, y contra ministros de su gabinete, y otros exfuncionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y de Tributación.