El festín desatado en el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), con dinero estatal, habría violado la ley antinepotismo al darse una repartija de honorarios entre los integrantes del clan familiar de Agustín Carrizosa Gubetich, titular del CIRD, del coordinador anticorrupción Carlos Alcaraz de la ONG y otros allegados, entre ellos varios operadores abdistas.
La Ley N° 5295, que prohíbe el nepotismo en la Función Pública, promulgada en setiembre de 2014, establece que el delito se da cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública.
Además la ley aclara que las “organizaciones no gubernamentales que reciban aportes del Estado paraguayo, a través del Presupuesto General de la Nación, quedan impedidos, dentro del ámbito de su competencia, a nombrar o contratar en cargos o empleos públicos, a cónyuges, concubinos y parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos, contrataciones o propuestas se efectúen en cumplimiento a las normas legales que regulan el acceso a la función pública”.
Consultado al respecto, el director ejecutivo de Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Ezequiel Santagada, explicó que la ley antinepotismo incluye a las ONGs en la función pública cuando reciben dinero estatal. Sin embargo, sostuvo que la Contraloría General de la República deberá analizar el caso del CIRD, de modo a evaluar si se aplica o no esta normativa.
“Toda persona que cumple una función en el Estado o que recibe dinero del Estado debería estar sometida a las normas sobre nepotismo”, dijo el activista por la transparencia. A esto se suma la nueva ley de declaración jurada y de conflictos de intereses (que se aplica al sector público y privado). De esta manera, según refirió, aquel que recibe dinero del Estado, está sujeto al escrutinio público, tanto de la prensa como de la ciudadanía.
No obstante, el experto sostuvo que debe distinguirse sobre los aportes que recibe una ONG del Estado. Hay organizaciones que reciben aportes directos del Estado, para que cumplan su finalidad institucional, algunas dependen casi exclusivamente de este dinero, y la experiencia muestra que las mismas están vinculadas generalmente a los políticos, de acuerdo con Santagada.
En segundo término, según el entrevistado, existen las transferencias a las oenegés por una contraprestación de servicio, como consecuencia de un concurso o licitación. En este caso no se aplicaría la normativa en cuestión, aclaró.
Santagada remarcó que desconoce bajo qué modalidad se hizo el convenio entre CIRD y el Estado, por lo que quedará en manos de la Contraloría resolver si fue o no nepotismo, además de ver los procedimientos de contratación que se siguieron y si se cumplieron con los manuales de contrataciones (como el concurso de oposición) de los funcionarios.
A su parecer, este caso generará una jurisprudencia en la Contraloría sobre futuros hechos similares que vayan apareciendo, y de seguro lo resuelto será atendido por la justicia ordinaria.
CIRD CONTRATÓ A OPERADORES DE ABDO CON PLATA DE SINAFOCAL
De acuerdo a las publicaciones periodísticas de la Unidad de Investigación de Nación Media, se evidenció que en la citada oenegé se realizaba la repartija de honorarios entre los integrantes del clan familiar de Agustín Carrizosa Gubetich, titular del CIRD, del coordinador anticorrupción Carlos Alcaraz de la ONG y otros allegados entre ellos varios operadores abdistas que rogaban votos por la propia exministra del Trabajo, Carla Bacigalupo en redes sociales.
El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), una de las oenegés más antiguas en nuestro país, que ejecuta astronómicos presupuestos con el erario público, el clan del presidente de la organización y de coordinador de proyecto anticorrupción figuran con jugosos cobros en un proyecto de reactivación económica poscovid de G. 6.093 millones.
La rendición de cuentas de un proyecto de “Reactivación económica poscovid revela la repartija de honorarios entre el clan de Agustín Carrizosa Gubetich, presidente del Centro de Información y Recursos para el desarrollo (CIRD), ONG que ejecutó los millonarios fondos que le transfirió el Estado, a través del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal). Entre los privilegiados consultores también está el hijo del mediático consultor anticorrupción Francisco Darío Alcaraz, precisamente coordinador de “Másciudadanía, menoscorrupción”, uno de los proyectos más ruidosos de esta ONG.
El proyecto de reactivación económica poscovid fue lanzado el año pasado por la entonces ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secretario técnico de Sinafocal, y el presidente del CIRD.
El objetivo marcado es la “capacitación y fortalecimiento de mipymes y del Sinafocal, para promover el incremento del empleo formal y la posibilidad de que los beneficiarios puedan convertirse en profesionales”. Los primeros en asegurar el empleo y reactivar su economía fueron los miembros del clan Carrizosa-Alcaraz. Según documentos de rendiciones de cuentas presentados a la Contraloría General de la República (CGR), el monto del convenio específico transferido al CIRD fue de G. 6.093 millones. Entre los detalles de gastos figuran varios cobros de jornales de G. 4,5 millones de Paola Carrizosa Bradshaw, hija del presidente de la ONG.
Así también, se registran reiterados cobros de honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” de María Berta Rojas Aveiro, pareja de Carrizosa, que solo en el proyecto poscovid facturó G. 212 millones. Se suma al clan de privilegiados con honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” Marta María Rojas Aveiro, que es hermana de Berta y, por ende, cuñada del presidente del CIRD, que facturó por G. 109 millones.