Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, habló con radio Monumental 1080 sobre el hallazgo de un cadáver en el río Paraná de un adolescente de 16 años. El cuerpo presenta un disparo en la cabeza y existen varios indicios que apuntan a que se trata del sicario que mató al militar Guillermo Moral. Un tatuaje sería clave para la identificación.
El lunes se produjo el hallazgo de un cuerpo sin vida en el río Paraná por parte de agentes de la Prefectura Naval. El cadáver fue trasladado a Asunción y luego de la inspección se confirmó que recibió un disparo en la cabeza, se trataría de un adolescente de 16 años y se presume sería el tirador que acabó con la vida del teniente coronel Guillermo Moral.
El hallazgo se produjo este lunes, a las 08:00, en aguas del río Paraná, a la altura de Domingo Martínez de Irala, Alto Paraná.
El doctor Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, explicó que la estatura coincide con el sospechoso del sicario y que el cuerpo tiene un tatuaje que podría coincidir con la base de datos que tienen los investigadores del crimen.
La Policía identificó a los supuestos sicarios que acabaron con la vida del teniente coronel Moral, a través de cámaras de seguridad, señalando como sospechosos a un joven de 18 años y un adolescente de 16.
Luego del hecho, difundieron imágenes donde mostraban elementos que podrían ser determinantes como los tatuajes que tenían en el cuerpo.
El adolescente de 16 años, sindicado como el que gatilló el arma, tenía tatuajes característicos; uno de ellos, el dibujo de un ojo dentro de un triángulo en el antebrazo. Al realizar la comparación con las imágenes de archivo el tatuaje coincide con el que tiene el sospechoso.
El cuerpo fue hallado en una bolsa arpillera, estaba maniatado y en avanzado estado de descomposición. Lemir afirmó que el cuerpo llevaba aproximadamente 30 días en el agua.
El jefe militar fue ultimado el pasado jueves 2 de octubre, en inmediaciones de la Facultad de Derecho de Universidad Nacional de Asunción (UNA), en el barrio Trinidad de la capital, cuando llegaba para dar clases.
El uniformado se había negado a aceptar un soborno de G. 10 millones para introducir un teléfono celular en la celda de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, presunto narcotraficante que se encontraba recluido en la cárcel militar de Viñas Cué.
