El intendente Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR, cartista) y nueve concejales municipales han sido nuevamente denunciados en la Fiscalía por el dudoso pago de una indemnización de G. 3.900 millones a una iglesia. La acción surge después de la difusión de un audio en el que un concejal dijo que sus colegas habrían cobrado coimas para aprobar el pago.
Los abogados Ángel Chamorro Monzón y Julio Espínola Restaino han denunciado al intendente y concejales por una serie de presuntos ilícitos relacionados con el pago de la indemnización a la Iglesia de Dios del Paraguay. Además, al juez de faltas municipales, el director de Catastro y el pastor evangélico.
La denuncia señala que los implicados han llevado a cabo maniobras fraudulentas e ilícitas para el pago de la millonaria indemnización a la iglesia, la cual supuestamente cedió un inmueble que en realidad pertenece a la Municipalidad.
¿De qué se trata el caso?
El año pasado, el intendente Cano Ozuna entregó G. 3.900 millones a la Iglesia Dios del Paraguay, en concepto de indemnización por una supuesta porción de su predio afectada por la obra del polideportivo. El inmueble en cuestión es colindante al edificio de la sede de la Municipalidad y está individualizado con cuenta corriente catastral 26-460-2.
El caso es aún más sospechoso cuando se compara con el anterior intendente Rubén Rojas (ANR) quien estaba en tratativas con los representantes de la iglesia para pagar G. 100 millones por 100 m2 (4×25) que reconocieron como afectados por la obra. En la gestión de Cano Ozuna, el monto porción reclamado se multiplicó diez veces y la suma de la indemnización 39 veces.
Documentos y antecedentes que aumentan las sospechas
Los denunciantes presentaron en la Fiscalía documentos que generan mayores sospechas sobre el millonario pago por la indemnización. Según los antecedentes, la iglesia había comprado su predio de la extinta IBR, actual Indert, en cuyo título se consignó una extensión de 3.577 m2. Sin embargo, en 1981, los representantes de la iglesia rectificaron la extensión al alegar un error en IBR y así la dimensión quedó en 2.600 m2. En 1982, se fraccionó en dos partes y un lote de 1.300 m2 fue vendido a Atanacio Chamorro Gómez. La iglesia se había quedado con un lote de 1.300 m2 (25×52), según los documentos presentados en la denuncia.
La reconfiguración de los lotes nunca fue cuestionada y hasta fueron inscriptas las modificaciones en el registro de la propiedad. Pero con la asunción de Cano Ozuna, se iniciaron los dudosos trámites en la Municipalidad para terminar con el pago de G. 3.900 millones.
La investigación de la nueva denuncia está a cargo del fiscal Alfredo Acosta Heyn. En diciembre
