miércoles, junio 19, 2024
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Diputados investigados o blanqueados censuran y atropellan la Constitución

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Diputados colorados y liberales contra quienes hay o hubo pesquisas judiciales pisotearon la Constitución Nacional al aprobar la suspensión de su colega Celeste Amarilla (PLRA), en busca de acallar las críticas.

Los 39 colorados cartistas y abdistas con la complicidad de ocho liberales que dieron el quórum perpetraron la violación de los artículos 190 y 191 de la Constitución Nacional, al aprobar la suspensión en sus funciones por dos meses, sin goce de dieta, a la diputada Amarilla.

Esto sucedió luego de que la legisladora expresara que varios parlamentarios obtuvieron sus cargos con dinero sucio, que se venden los votos y que algunos diputados ligados al narcotráfico no están siquiera imputados. En el grupo que votó por la censura están varios que tienen procesos en la justicia, muchos de ellos paralizados mediante sus influencias. También entre ellos hay quienes se estrenaron en este periodo y se acomodaron rápidamente al votar en contra de la transparencia y a favor de la impunidad.

Los diputados en la sesión del miércoles dijeron sentirse agraviados y ofendidos por los dichos de Amarilla. Sin embargo, obviaron que desde que iniciaron el periodo parlamentario, en julio del 2018, blanquearon a cuestionados intendentes, así como a parlamentarios, a quienes salvaron de la expulsión, como a Carlos Portillo (PLRA), acusado por tráfico de influencias; a Tomás Rivas (ANR), acusado por el caso “caseros de oro”, y Ulises Quintana (ANR), acusado por asociación criminal y lavado de dinero. Por su parte, los internautas repudiaron enérgicamente la suspensión de la citada legisladora. No faltaron propuestas de manifestaciones, disolución del Congreso y lamentos por los “suplentes” que asumirían.

“Sería tan bueno disolver este Parlamento”, dijo Marisol Molinari. “El Congreso se convirtió en cueva de ladrones”, agregó Manuelito Bael Correa. “Deja al descubierto por qué las gobernaciones y las Intendencias no son intervenidas”, acotó Celia Melgarejo.

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Carlos Núñez Salinas (ANR, Añetete). Diputado por Central.

En abril del 2016 confesó que fue contrabandista y falsificador. Admitió a la justicia los hechos punibles de contrabando y producción de documentos no auténticos. Falsificó papeles aduaneros respecto a mercaderías importadas para tributar sobre apenas US$ 17.000 en vez de US$ 1 millón. La justicia le perdonó.

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Cristina Villalba (ANR, cartista). Diputada por Canindeyú.

“La Madrina” buscó interceder a favor del exintendente de Ypejhú Vilmar “Neneco” Acosta (condenado) ante el entonces fiscal general, Javier Díaz Verón (acusado), cuando se comenzó a vincularlo con el asesinato del periodista Pablo Medina. La diputada promueve creaciones de distritos “mau”.

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Esteban Samaniego (ANR, Añetete). Diputado por Paraguarí.

Está acusado por difamación y calumnia y logró que sus colegas archiven su pedido de desafuero. Mientras en la Fiscalía duerme una denuncia en su contra por el supuesto delito de lesión de confianza por una millonaria tragada de G. 10.000 millones cuando era intendente de Quyquyhó. Blanqueó a intendentes.

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Avelino Dávalos (ANR, cartista). Diputado por Caazapá.

Investigado por supuesta lesión de confianza cometida cuando se desempeñaba como gobernador de Caazapá (2013-2016). Fue denunciado por un perjuicio de G. 192.000 millones. El caso sigue paralizado pese a que ya se promovieron dos denuncias. Votó a favor del blanqueo a cuestionados intendentes.

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Jazmín Narváez (ANR, Añetete). Diputada por Central.

Votó a favor de cuestionados proyectos de ley, como la despenalización de las declaraciones juradas de bienes, rechazó los pedidos de pérdidas de investidura de los procesados Ulises Quintana (Añetete), Tomás Rivas (cartista) y Carlos Portillo (PLRA) y rechazó el pedido de desafuero de Éver Noguera (Añetete).

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Justo Zacarías Irún (ANR, cartista). Diputado por Alto Paraná.

Investigado por supuesto lavado de dinero y desvíos en su gestión como gobernador (2013-17). Fundó la firma Gaia SA en la que una de las asociadas ganaba todas las licitaciones con otra firma de maletín. Concejales lo acusaron de 18 delitos con casos como “Gallineros de oro” y galletitas “rompedientes”.

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Marlene Ocampos (ANR, cartista). Diputada por Alto Paraguay.

Investigada por supuesta lesión de confianza por malversar fondos públicos en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 como exgobernadora de Alto Paraguay. En julio pasado, la Contraloría notificó en un informe final que halló otros millonarios faltantes sumando así unos G. 3.400 millones a los G. 1.000 ya detectados.

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Carlos Portillo (PLRA). Diputado por Alto Paraná.

Está acusado por el delito de tráfico de influencias. Audios filtrados sugieren que Portillo supuestamente pedía 3.000 dólares a la contadora Auda Fleitas (investigada por un caso de estafa) a cambio de una resolución judicial favorable. También votó a favor de cuestionados proyectos de ley y del blanqueo de intendentes.

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Rocío Abed de Zacarías (ANR, cartista). Diputada por Alto Paraná.

Suplente de Ulises Quintana (ANR, Añetete), es la esposa de Justo Zacarías y también fue incluida por la Fiscalía en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal, entre otros hechos punibles. El Ministerio Público nunca concluyó esta investigación.

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Tomás Rivas (ANR, cartista). Diputado por Paraguarí.

Acusado por presunta estafa, en calidad de autor, y cobro indebido de honorarios como cómplice en el caso “caseros de oro”. Su caso es calcado al de su excolega José María Ibáñez (Añetete). Fue el primer congresista en apelar su pedido de desafuero, así trabó su investigación un año. Votó en cuestionados proyectos de ley.

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Tadeo Rojas (ANR, cartista). Diputado por Central.

Su gestión como ministro del Interior fue muy cuestionada. En marzo del 2017 y 1 de abril se produjo la quema de una parte del Congreso y la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, a consecuencia del intento fallido para aprobar la enmienda ilegal que pretendía lograr la reelección de Horacio Cartes.

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