Desde el 1 de noviembre, compradores deberán pagar previamente tasas judiciales y de cedulación
La Corte Suprema de Justicia resolvió modificar los requisitos para la comercialización de motocicletas y vehículos similares en el país. A partir del 1 de noviembre, los compradores deberán abonar previamente todas las tasas judiciales, costos de grabado y de cedulación antes de que el vendedor pueda entregar el biciclo.
Con esta disposición, se deja atrás el procedimiento vigente hasta ahora, en el que bastaba la presentación del Formulario F-22 para que el comprador retire su motocicleta con chapa provisoria y pueda circular legalmente durante un plazo de 90 días, mientras completaba la inscripción definitiva.
El nuevo procedimiento
De acuerdo con la resolución, el vendedor ya no podrá cerrar la operación sin que el cliente pague de antemano la totalidad de los costos vinculados a la matriculación. Estos montos deberán ser depositados en las cuentas habilitadas por la Corte Suprema dentro de los tres días hábiles de emitido el formulario de liquidación.
Una vez cumplido este paso, el comprador recibirá su motocicleta acompañada de toda la documentación completa y del formulario único oficial expedido por la Dirección del Registro de Automotores (RUA).
La modificación corresponde al artículo 5° de la Resolución 6536/2016 y se vincula con la Ley 5531/2015, que regula los procedimientos de registro y cedulación vehicular.
Impacto en el sector
El anuncio generó preocupación inmediata en el rubro de motocicletas. Jorge Samaniego, presidente de la empresa Reimpex y titular de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (CIPAMA), manifestó que la medida los tomó por sorpresa.
“Queremos entender si la intención es restringir la compra de motos o simplemente recaudar para la Corte. Ambas alternativas tendrían un impacto fuerte en la industria. Nos enteramos de esto el jueves, a través de un correo, sin ningún aviso previo”, señaló.
El empresario recordó que el negocio de las motos se sostiene principalmente a través del crédito, con planes de pago en cuotas. “Una matriculación adelantada rondaría los G. 700.000, lo que equivale a un cuarto del salario mínimo. Es el valor aproximado de dos cuotas de la moto. No se le puede exigir tanto dinero a un trabajador en la entrega. Esto afectará también los análisis crediticios”, advirtió.
CIPAMA adelantó que, con apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se evaluará la posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad contra la resolución.
Baja culminación de trámites
En la resolución, la Corte Suprema justificó el cambio argumentando que entre 2016 y 2025 se emitieron 1.290.698 formularios F-22, de los cuales solo en 527.396 casos (41%) se completó la matriculación y cedulación.
En el 59% restante (763.302 motocicletas), los propietarios no concluyeron los trámites ni abonaron las tasas judiciales y especiales, lo que deriva en una gran cantidad de biciclos que circulan sin cédula verde y con dificultades para identificar al titular real.
Pérdida económica y sostenibilidad
La Corte añadió que este incumplimiento generó una “pérdida económica considerable” en concepto de tasas judiciales, servicios de grabado y cedulación, afectando tanto la eficacia del sistema de identificación vehicular como la sostenibilidad financiera de los servicios que presta la Dirección del Registro de Automotores.
“Un golpe en temporada alta”
El sector industrial insiste en que la medida tendrá un efecto inmediato en las ventas, especialmente en noviembre y diciembre, que representan la temporada más fuerte para la comercialización de motocicletas.
“Esto fue muy abrupto. No entendemos qué se busca lograr con la medida. Si quieren restringir la venta, que nos avisen, y entonces cerramos nuestras puertas”, lamentó Samaniego.
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