El procedimiento fue dirigido por el comisario general inspector Jorge Ramón Aquino y ejecutado por el oficial de justicia abogado Eustaquio Torres, con el apoyo de GEO, Antinarcóticos, Inteligencia, Criminalística, DEBOA y la Agrupación Montada.

Desde bien temprano, los intervinientes comenzaron a derribar algunas viviendas en la zona, lo que generó tensión y desconsuelo entre los pobladores. Según manifestaciones de los lugareños, alrededor de 150 familias han habitado el asentamiento por más de 20 años y denuncian que la tierra que ocupan ha sido objeto de supuestas irregularidades en su adjudicación.

Los ocupantes denunciaron que se les está dejando sin hogar y que la medida judicial no toma en cuenta los años que han vivido en el lugar.

Los representantes judiciales aseguraron que el procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido por la ley, mientras que las familias asentadas en el inmueble sostuvieron que aunque derriben sus casas no saldrán del sitio.