En el barrio Rosa Mística de San Juan Nepomuceno, Porfiria Andino, madre soltera de cinco hijos y cabeza de familia, sufrió un violento desalojo sin orden judicial. El responsable, José Domingo Escobar, afirma haber comprado la derechera y solicitado la adjudicación al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Curiosamente, la propiedad que Escobar reclama estaba ocupada por la familia Andino.

Las tierras públicas administradas por el INDERT tienen varios requisitos para su adjudicación de acuerdo al estatuto agrario, uno de ellos es la preferencia, los que se encuentran en posesión de la propiedad y también es un factor determinante favorable la mujer que es cabeza de familia. Además, la Ley 4682 penaliza la compra y venta de derechos posesorios sobre tierras del INDERT con penas carcelarias de 2 a 5 años, situación aparentemente ignorada en este caso.

Escobar, sin una orden judicial, procedió al desalojo de Porfiria y sus hijos, infringiendo la ley que prohíbe hacer justicia por mano propia. Durante el desalojo, la familia fue amenazada con un hacha y su hogar destruido, según relatos de la víctima.

Porfiria Andino Duarte, visiblemente afectada, contó que intentó resistirse, pero fue superada por la violencia de Escobar y sus acompañantes. Además, asegura que el terreno siempre ha pertenecido a su familia, quienes viven allí por más de 20 años.

Los actuales ocupantes del asentamiento sostienen que este no pertenece al INDERT, sino al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (M.O.P.C.), y que muchos de ellos llevan más de 40 años viviendo en el lugar.

En un estado de derecho, la justicia por mano propia es ilegal y contraria a los principios de convivencia pacífica, de equidad y legalidad. Toda persona tiene derecho a un juicio justo y a ser oída por un juez o tribunal competente. Las disputas deben resolverse legalmente; para desalojar a alguien de una propiedad, se requiere una orden judicial emitida por un juez competente.