La Cámara de Diputados aceptó el veto del Ejecutivo al aumento presupuestario (G. 64.707 millones) para la Fiscalía, pero rechazó los relacionados a la Secretaría Nacional de Cultura (G. 2.048 millones) y al incremento salarial para actuarios judiciales y electorales (G. 22.655 millones).

El Ministerio Público había solicitado un aumento presupuestario de G. 64.707 millones el cual fue aprobado en ambas cámaras. Sin embargo, el Ejecutivo vetó la legislación, bajo el argumento de mantener el déficit fiscal en el 3 % y alegando que no hubo un informe técnico del Ministerio de Hacienda sobre la aplicación de recursos.

Al respecto, la Cámara de Diputados aceptó la objeción de la Presidencia de la República, que también será tratada en el Senado.

VETOS RECHAZADOS=AUMENTOS CONCEDIDOS

Sin embargo, el pleno de la Cámara rechazó otras dos objeciones del Ejecutivo y por ende, concedió los aumentos a otras dos instituciones.

La primera es la Ley 7.002/2022 que modifica las funciones de los actuarios judiciales e incorpora a los actuarios de juzgados electorales a la normativa. Aquí se dispone el aumento salarial de los actuarios de ambas instancias a un mínimo del 60% de lo percibido por jueces de primera instancia. El salario máximo actual para los actuarios es de G. 6.500.000 y con esta medida el salario máximo a percibir asciende a Gs. 14.181.000.

Las cifras beneficiarán a 868 categorías presupuestarias en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Tribunal de Justicia Electoral (TSJE) y a otras cinco con números menores. En otras palabras, el costo total anual será de G. 22.655 millones.

Finalmente también se rechazó el veto al aumento de presupuesto para la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) a G. 2.048 millones, para los trabajos de restauración en la Sacristía de la Iglesia San Buenaventura de la Ciudad de Yaguarón