Ante la posibilidad de que se pudieran ver afectados, los diputados abdistas Esteban
Samaniego y Marlene Ocampos y el cartista Avelino Dávalos con causas por corrupción
pública, el miércoles último en sesión negaron dar media sanción al proyecto que buscaba elevar las penas por lesión de confianza y estafa al Estado.
La Cámara de Diputados en su última sesión del miércoles resolvió por 36 votos a favor y 32 en contra enviar por segunda vez a la comisión bicameral de Reforma Penal el proyecto de ley que aumenta las penas por lesión de
confianza y estafa al Estado de 1 a 15 años, pudiendo llegar hasta 22 años para los casos especialmente graves.
Entre los diputados que negaron la posibilidad de dar media sanción al
proyecto de ley se encuentran tres diputados investigados que se podrían ver afectados si la norma llega a entrar en vigencia y tiempo después terminan con una imputación.
El diputado Esteban Samaniego (ANR, Añetete) recientemente con la
complicidad de sus colegas logró archivar su pedido de desafuero por
difamación y calumnia. Sin embargo, sigue cajoneada hace más de dos años en la Fiscalía una investigación que el diputado oficialista soporta por lesión de confianza.
Se lo acusa de un millonario desvío de fondos de G. 10.000 millones cuando
era intendente de Quyquyhó (Paraguarí). El diputado votó a favor de enviar el proyecto a la comisión de Reforma.
También está investigada por lesión de confianza la diputada Marlene Ocampos (ANR, Añetete) por un faltante de G. 1.000 millones cuando era gobernadora de Alto Paraguay. La parlamentaria, pese a estar presente, simplemente no votó hacia ningún sentido.
Otro de los diputados que también gracias a sus influencias cajonea la pesquisa en su contra es Avelino Dávalos, quien es investigado por lesión de confianza.
Fue denunciado por un multimillonario perjuicio patrimonial a la gobernación de Caazapá, por casi G. 200.000 millones (ver infografía). No emitió su voto a favor de la norma.
El diputado Tomás Rivas (ANR, cartista) aunque su caso ya se encuentra en la etapa de acusación por estafa al Estado en el caso “caseros de oro”, tampoco
