Vecinos de San Juan Nepomuceno, Buena Vista y General Higinio Morínigo reportan, desde hace varias semanas, graves fluctuaciones en la tensión eléctrica. Los bajones de energía afectan electrodomésticos, equipos de trabajo y sistemas de bombeo de agua, generando pérdidas económicas significativas tanto a la comunidad como a la ANDE.
Son granjas de criptominería instaladas clandestinamente en predios rurales de la zona, conectadas de manera irregular a la red eléctrica con transformadores de gran capacidad, sin control técnico y consumiendo enormes cantidades de energía.
Un problema que aterrizó en el interior de Caazapá
En distintas zonas del país, la ANDE y las fuerzas de seguridad han desbaratado bandas dedicadas al robo sistemático de energía para alimentar granjas de criptominería. Estas estructuras operan conectándose de forma irregular a la red pública, generando un consumo brutal que no está previsto en la planificación energética, lo cual provoca sobrecargas, caídas de tensión y cortes que afectan directamente a las comunidades. La magnitud del robo no solo causa un perjuicio económico millonario al Estado, sino que compromete la estabilidad del suministro eléctrico, especialmente en zonas rurales donde la infraestructura es más vulnerable.
El fenómeno no es nuevo, desde 2021, la ANDE ha detectado más de 50 instalaciones ilegales importantes en todo el país. En algunas intervenciones, el consumo sustraído superaba los 3.000 millones de guaraníes mensuales.
En San Juan Nepomuceno, Buena Vista y Morínigo la situación se repite con idéntica lógica, electrodomésticos quemados, heladeras que no arrancan, aires acondicionados inutilizados. Inclusive las bombas de agua de las juntas de saneamiento sufren averías, dejando a comunidades enteras sin el vital líquido por varios días mientras los vecinos deben costear las reparaciones.
«Cada vez que baja la luz, se quema algo. Y nadie se hace responsable», denunció uno de los pobladores afectados.
El funcionamiento de estas granjas mineras es un secreto a voces. Todos saben dónde operan, pero llama la atención que ni la Fiscalía ni la propia ANDE tengan identificados a los responsables. Las quejas se acumulan y, según los afectados, se responde con silencio o con promesas que nunca se materializan. Mientras tanto, los presuntos operadores siguen funcionando a plena capacidad las 24 horas.
Lo que debe saber la ciudadanía
El modus operandi: Las redes criminales buscan zonas rurales alejadas de las grandes capitales para ocultar el ruido y el calor que generan los equipos ASIC (máquinas especializadas de minería). Al conectarse directamente a la media tensión, «chupan» la potencia dejando a los usuarios legales con baja tensión o con inestabilidad.
Ley 7300/24 – Penas severas: Paraguay promulgó recientemente esta norma que modifica el Código Penal y eleva las penas por sustracción de energía eléctrica a hasta 10 años de cárcel, además de permitir la incautación inmediata de los bienes utilizados para el delito. Quienes operan estas granjas y quienes las encubren cometen un crimen grave. Sin embargo, la aplicación efectiva de esta ley sigue siendo una deuda pendiente en muchas localidades del interior.
Pérdidas millonarias: Según datos de la ANDE, las intervenciones en departamentos como Alto Paraná han revelado robos que ascienden a miles de millones de guaraníes mensuales. Esta «industria fantasma» no paga impuestos y destruye la infraestructura pública de distribución de energia eléctrica.
La ciudadanía exige respuestas
Sin intervención de la ANDE, la Policía y el Ministerio Público, el daño continúa escalando. Los vecinos no descartan organizarse para exigir un operativo conjunto que inspeccione transformadores, líneas rurales y fincas sospechosas.
La presencia de criptomineras clandestinas en San Juan Nepomuceno, Buena Vista y General H. Morínigo no es una sospecha aislada, es un problema que afecta a cientos de pobladores y que requiere una respuesta inmediata.
