Es una secretaría que en teoría lucha por la transparencia y contra la corrupción, sin embargo, en la práctica no se dedica a investigar ni perseguir actos de corrupción y se limita a delegar denuncias a las unidades de Transparencia de las mismas instituciones denunciadas. En varias ocasiones alegaron que solo tienen atribuciones de investigar a las cabezas de los entes dependientes del Ejecutivo, pero en una década de creación no trascendió ni un solo ministro o máxima autoridad que haya caído en una pesquisa de Anticorrupción, por el contrario, estos últimos años se han tapado los ojos ante la serie de actos de corrupción que sacudió al Gobierno.

La Secretaría Nacio­nal Anticorrup­ción (Senac), que debiera ser la punta de lanza en la lucha contra los presuntos hechos ilí­citos que diariamente sal­tan a la luz, en la práctica se traduce en una insti­tución que se dedica más bien a delegar los recla­mos de la ciudadanía a las mismas instituciones señaladas como corrup­tas. Es decir, se volvió intermediaria de denun­cias de corrupción cuando la misión institucional señala que es la encargada de “liderar la aplicación de políticas de transparen­cia de gestión y lucha con­tra la corrupción en todas las instituciones del Poder Ejecutivo”.

El modus operandi de la Senac es delegar a las uni­dades de Transparencia Anticorrupción (UTA) de cada entidad denun­ciada para que investi­guen irregularidades que se les cuestionan y ter­minan autoinvestigán­dose. Lo más irónico de la situación es que las UTA no son subordinadas a la Senac y los encargados de las mismas terminan favo­reciendo a los altos admi­nistradores.

Desde la Senac habían men­cionado en su momento que ellos solo pueden investi­gar a las máximas autori­dades de las instituciones afectadas y que formen parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, una década después de la creación de la institución, no se conoce el caso de algún ministro o máxima autoridad que haya caído por causa de una acusación de la Senac, lo cual la convierte en una farsa al considerar la can­tidad de casos emblemáti­cos de supuestas irregula­ridades que fueron pasados por alto en la institución.

“Nosotros recibimos las denuncias y les asignamos a las unidades de Trans­parencia de cada institu­ción a la que corresponde. Por ejemplo, si se hizo una denuncia en el Ministe­rio de Obras Públicas, se le asigna a la Unidad de Transparencia Anti­corrupción de esa enti­dad para que gestione la denuncia”, explicó cuando era asesor jurídico de la Senac el hoy ministro Juan Federico Hetter.

Uno de estos casos delega­dos por la Senac a la UTA del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC) es la licita­ción de esta cartera de USD 12 millones para la construcción de paradas de buses a precios “de oro” meses antes de las elec­ciones partidarias. Había denuncias de direcciona­miento, riesgoso anticipo, compras de tecnología con las que ya se contaba, etc.

El caso de las paradas “de oro” había sido denun­ciado a la Senac durante la administración del exmi­nistro René Fernández, y tal como explicó Hetter en su momento, y fue desesti­mando en menos de 15 días con un confuso argumento de que la licitación estaba en proceso de ajustes, en menos de 15 días.