La investigación periodística que muestra una repartija de dinero con la fundación Cird es uno de los ejemplos de manejos poco transparentes de agencias con el dinero público. Controlar y transparentar lo que hacen este tipo de entes con los recursos estatales es lo que pretende un proyecto de regulación.
El senador Basilio Núñez, autor del proyecto que modifica y amplía varios artículos de la Ley de Administración Financiera, explicó que, con esta presentación está cumpliendo uno de sus compromisos electorales: regular a las ONG’s, fundaciones o agencias, sea cual fuere el nombre que le pongan, bajo el lema de “sin fines de lucro”.
“Ya tuvimos antes de las elecciones organizaciones que supuestamente se dedicaban a hacer una especie de control electoral, ejemplo, Semillas para la Democracia y otros, que no cumplieron su rol, sino que respondían directamente a una de las candidatas”, comentó Núñez.
Mencionó, además, la investigación del diario La Nación sobre la fundación Cird, en donde se desveló que, clanes familiares se distribuían gran parte del dinero.
Sobre el punto, Núñez indicó que, urge un control a las ONG’s, además de encontrar trazabilidad a los fondos que reciben y tratar de transparentar todo, incluso los registros, pues, actualmente solo 60 figuran en el Presupuesto General de Gastos.
Una de las inclusiones del proyecto, al ámbito de aplicación de la Ley de Administración Financiera, precisamente es la de las fundaciones, organismos no gubernamentales, agencias especializadas, cualquiera sea su denominación, personas físicas o jurídicas, que reciba o administre fondos, servicios o bienes públicos, sean estos provenientes de convenios de préstamos, donaciones, asistencia técnica y/o cooperación internacional no reembolsable.
Se agrega la prohibición a los organismos y entidades del Estado a firmar acuerdos, convenios u otros documentos similares, con organismos no gubernamentales que reciban o administren fondos provenientes de organizaciones y personas del exterior, si los mismos no están incluidos previamente en el Presupuesto General de la Nación o el Presupuesto de los Gobiernos Municipales.
En cuanto al crédito público, se prohíbe que las operaciones sean administradas por las ONG’s o agencias, sean nacionales o extranjeras, las que deberán ser autorizadas por otra ley diferente a la operación de crédito.
Respecto a la aprobación y firmas de contratos de empréstitos, se prohíbe las cláusulas en donde se establezca que sean administradas por fundaciones, organismos no gubernamentales y agencias especializadas, las que en cada caso deberán ser autorizadas por otra Ley distinta al contrato de
Para la trazabilidad de todos los recursos, se crea el Registro Nacional de Organizaciones no Gubernamentales, cualquiera sea su denominación, que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.