Marcial Saucedo, un adulto mayor de 62 años que sufre de discapacidad motriz desde la infancia, se encuentra al borde del desalojo de la propiedad donde vive desde hace casi cuatro décadas, tras haber sido presuntamente engañado por su ex cuñado, quien vendió el terreno a empresarios brasileros.
La tierra en disputa, ubicada en la comunidad de Km 7, en el distrito de Abaí, Caazapá, comprende un lote de 20 hectáreas que originalmente perteneció al padre de Marcial. Tras el fallecimiento del progenitor, el terreno fue repartido entre Marcial y sus hermanos. En el año 2005, decidieron vender gran parte al entonces cuñado de la familia, Secundino González, bajo el compromiso de que Marcial conservaría una fracción para vivir con su familia.
Sin embargo, con el paso del tiempo, González se quedó con la totalidad del inmueble y, según denunció Marcial, habría realizado movimientos fraudulentos o aprovechado la confianza familiar para apropiarse del terreno completo. “No tengo ningún documento porque me engañó. Confíe en él y ahora me quiere dejar sin nada”, lamentó.
Lo más grave es que González ya vendió la propiedad a inversionistas brasileros, quienes iniciaron acciones legales para desalojar a Marcial. “Solamente muerto me van a sacar de acá”, expresó con firmeza y dolor el afectado, quien vive con su esposa, hijas y nietos en la parcela que hoy peligra.
Marcial asegura no haber firmado ningún documento que autorice la entrega total de la tierra, y su situación se vuelve aún más delicada al no contar con respaldo legal alguno que garantice su permanencia.
El caso despertó la solidaridad de vecinos y ciudadanos abaienses, quienes cuestionan la legalidad del traspaso de tierras y exigen una investigación seria que contemple la vulnerabilidad del afectado y el trasfondo familiar de esta presunta estafa.
Cabe recordar que Secundino González ya fue denunciado en el pasado por conflictos similares. En San Antonio, Torín, fue acusado de intentar apropiarse de un terreno comunal y de amedrentar a vecinos con un arma de fuego, según consta en una denuncia presentada por Liliana Araujo en 2023.
Mientras el desalojo parece inminente, la comunidad y el propio Marcial apelan a la sensibilidad de los órganos judiciales para que se frene lo que consideran una injusticia flagrante contra una persona con discapacidad que solo pide seguir viviendo en el lugar que ha sido su hogar por casi 40 años.
