El Tribunal de Apelación de Central, en mayoría, revocó la prisión preventiva de la directora, la coordinadora y la docente de un colegio privado de Lambaré, procesadas por violación del deber de cuidado y frustración de la persecución y ejecución penal. Es en el proceso abierto por abuso sexual en niños del que resultó víctima un alumno de seis años, en la propia institución.

El Tribunal de Apelación de Central, en mayoría, revocó la prisión preventiva de la directora, la coordinadora y la docente de un colegio privado de Lambaré, procesadas por violación del deber de cuidado y frustración de la persecución y ejecución penal y decretó arresto domiciliario para las tres. Es en el proceso abierto por abuso sexual en niños del que resultó víctima un alumno de seis años, en la propia institución.

Fuentes judiciales indicaron que los magistrados Nidia Fernández y Guillermo Zillich votaron por el arresto domiciliario de las docentes, mientras que la tercera integrante de la sala, Lourdes Cardozo votó en disidencia.

La prisión de la directora Carolina Urbieta, de la coordinadora María Gabriela Santiviago y de la docente Olga Feltes fue decretada el 8 de mayo pasado por la jueza penal de garantías de Lambaré, Gladys Fariña, quien fundamentó su decisión en la existencia del peligro de fuga y de obstrucción a la investigación del caso de abuso sexual en niños ocurrido en abril pasado en el colegio privado de Lambaré.

El supuesto caso de abuso sexual en niños ocurrió el 26 de abril pasado en un colegio privado de Lambaré y fue denunciado ante el Ministerio Público por la madre de la víctima, un niño de 6 años.

Docentes no cumplieron el protocolo

La pesquisa tomó un rumbo distinto cuando se supo que el 31 de marzo pasado la madre ya denunció al colegio que su hijo era víctima de acoso escolar o bullying, por parte de adolescentes.

En vez de tomar medidas, las autoridades escolares hicieron caso omiso al protocolo del Ministerio de Educación para este tipo de casos -lo reveló el propio ministro de Educación- e intentaron ocultar el hecho, al punto de editar los videos antes de darlos a la Fiscalía. Esto derivó en un allanamiento del colegio y posterior imputación de la directora, la docente y la coordinadora, que estaban en conocimiento del caso.

La directora Carolina Urbieta, la docente Olga Feltes y la coordinadora María Gabriela Santiviago fueron imputadas por violación del deber de cuidado. Urbieta, además, fue procesada por frustración de la persecución y ejecución penal y la violación de la Ley 6202/2018 relacionado a la prevención de casos de abuso sexual.