A la ex ministra de la Senad Zully Rolón se le retiró la custodia por decisión de su sucesor, Jalil Rachid. La ex secretaria de Estado debería contar por Ley con seguridad hasta dos años posteriores después de su administración. La medida es considerada grave y un “mensaje del propio crimen organizado”.
Zully Rolón remitió el último martes una nota de reconsideración al respecto al presidente de la República, Santiago Peña; con copia al Ministerio del Interior, la Cancillería Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad); bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia y ex asesora de Seguridad del Ejecutivo en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
La ex secretaria de Estado recalcó lo que establece la Ley 6677/2020 del Agente Especial en su artículo 66, que el ministro de dicha cartera podrá disponer por fundadas razones, los mecanismos de seguridad personal y familiar por un periodo que no sobrepasará los dos años. En su caso apenas se cumplieron un año.
Asimismo, recordó que bajo su mandato se realizaron los mayores operativos contra el crimen organizado, tales como A Ultranza, Belia, Atlántico Norte, entre otros, con cooperación internacional.
“Es así, que debo decir que mi seguridad, mi vida y la de mi familia está en manos del Estado Paraguayo, considerando que los casos derivados de estos operativos, que estuvieron a mi cargo, ni han llegado a juicio oral y público siquiera, haciendo responsable al Secretario Ejecutivo de la Senad, a quien siempre he respetado, y al Estado Paraguayo, de lo que pueda sucederme a mí o a los miembros de mi familia”, reza el escrito de Zully Rolón.
Insistió que la seguridad le corresponde por Ley.
“Un mensaje del propio crimen organizado”
Cecilia Pérez, abogada de la ex ministra de la Senad, dijo a NPY que se trata de una situación muy grave y enfatizó que el mismo día en la que su cliente fue notificada también se le retiró la custodia física y no le dieron tiempo de prever otras medidas de seguridad.
“Acá tenemos que entender que luchar contra el narcotráfico y crimen organizado no es fácil. Esto es un mensaje para los funcionarios que lo hacen. Esto es un propio mensaje del crimen organizado que te dice ‘no te expongas, porque te van a cobrar’. Acá no hay una acción directa sino una exposición”, lanzó Pérez.
Apeló a la intervención de la Cancillería Nacional por violar el derecho a la seguridad de la ex ministra y su familia, teniendo en cuenta que el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, es a su vez candidato a secretario general de Organizaciones de Estados Americanos (OEA).
Remarcó que se trata de una medida administrativa -que no está por encima de la Ley- y la que llamó violencia política.
“No solamente fue revocada, le fue retirada de manera material, sin que ella pueda tomar los recaudos. No le avisaron con anterioridad para que ella pueda tomar la medida correspondiente. No podemos dejar de mencionar que ella es mujer, madre y también es abuela”, cuestionó.