El escándalo judicial en torno a la llamada “mafia de los pagarés” sumó un dato explosivo, el ujier Arturo Ayala, del Juzgado de Paz de la Encarnación, declaró ante la Fiscalía que cada viernes entregaba en efectivo G. 25 millones a la jueza Carmen Analía Cibils, en su propio despacho.
Según el testimonio, si en alguna semana el dinero no llegaba a la magistrada, la entrega se hacía retroactiva en la siguiente. “Ella tenía una agenda con la empresa NEXO, donde se registraban los pagos en efectivo”, señaló Ayala. La jueza incluso manejaba una carpeta en la que controlaba la cantidad de juicios que ingresaban, para calcular cuánto iba a percibir mensualmente.
Una estructura aceitada
Ayala aseguró que la distribución de las coimas estaba establecida: 70% para la jueza y 30% para el ujier. En el mismo sentido declararon otros ujieres, como Alfredo Benítez y Audrey Galeano, quienes confirmaron el esquema de recaudación proveniente de las llamadas “notificaciones voladoras”, utilizadas en los juicios ejecutivos.
De esa manera, según la acusación de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Leonardi Guerrero, las demandas presentadas por firmas de cobranzas como Nexo S.A., Sistemas de Cobranzas S.A., Bristol S.A., Credi Clave, Cumplo S.A., Aureus S.A. y Global Enterprises Paraguay S.A. avanzaban rápidamente, sin que los demandados fueran notificados ni pudieran ejercer su defensa.
Derechos pisoteados y embargos exprés
Con resoluciones firmadas en serie por la jueza, los juicios ejecutivos eran admitidos y se dictaban embargos sin que los deudores supieran siquiera que existía un proceso en su contra. La Fiscalía sostiene que se violaron garantías constitucionales básicas como el derecho a la defensa en juicio y el principio de igualdad procesal, además de las formas establecidas en el Código Procesal Civil.
Una mafia institucionalizada
Lo que se revela no es un hecho aislado, sino un sistema judicial paralelo donde las cobranzas compulsivas se lograban a través de falsos informes de notificación, resoluciones exprés y pagos ilegales. La figura central, según las declaraciones, era la jueza Cibils, con la colaboración activa de ujieres, actuarios y abogados de empresas de cobranzas.
Este dato clave —difundido por el medio especializado en temas judiciales El Observador— confirma que la investigación sobre la “mafia de los pagarés” no solo habla de irregularidades procesales, sino de un flujo constante de dinero ilícito que lubricaba la maquinaria judicial.
